Lejos de cumplir con lo que dispone la Constitución —en el sentido de que el desempeño de todo servidor público debe ser imparcial y apegado al principio de legalidad— desde el primer día de su gobierno el titular del Ejecutivo decidió tomar partido y emprender una ofensiva en contra de todo aquel que no piense como él.
Si se toman en cuenta sus declaraciones desde aquel momento, en el mismo tono que persiste hasta la fecha; podemos concluir que todo ha sido una estrategia perfectamente meditada, para acondicionar a la opinión pública a la normalización de una conducta anómala, cuando lo que estamos viendo en realidad es la realización continua de lo que se pretende sea un gran fraude de Estado, orquestado desde el primero de diciembre de 2018.
La conferencia mañanera de López Obrador ha sido una plataforma descomunal e ilegal de comunicación partidista; no de gobierno y mucho menos de Estado; que ha propiciado el establecimiento de condiciones desiguales prácticamente para cualquier campaña electoral, ya sea de orden local o federal. Se usan los recursos públicos para favorecer a su partido y a sus candidatos.
En las conferencias mañaneras se acosan y persiguen a adversarios, se viola sistemáticamente la presunción de inocencia y se dan instrucciones que soslayan procedimientos legales y la obligación de fundamentar y motivar actos de molestia.
El Presidente pone como pretexto la libertad de expresión, pero sabe que no le asiste la razón. Como titular del Poder Ejecutivo, su derecho a la libertad de expresión debe ser ejercido conforme lo disponen la Constitución, el derecho internacional, las leyes y el mínimo decoro. Dicho marco jurídico reconoce que la libertad de expresión de servidores públicos de alto nivel puede y debe ser moderada y restringida.
De ninguna manera es posible equiparar la fuerza y contundencia de quien tiene todo el poder político y económico de la presidencia, de quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que además posee una capacidad de influencia absoluta sobre los medios de comunicación; con el peso de la voz de cualquier ciudadano o líder político de oposición.
El estado de cosas que ha generado el presidente es grave, como lo sustentan decenas de especialistas, editorialistas, intelectuales; muchos de ellos víctimas de su labia venenosa. Sin embargo, lejos de que esta situación sea corregida o atemperada, en los albores del proceso electoral, se ha vuelto más grave y riesgosa para la oposición.
En estos meses hemos visto cientos, si no es que miles de piezas de propaganda en las que la figura central no es la de las autodenominadas corcholatas, sino la figura del presidente López Obrador, violando lo dispuesto por el artículo 134 constitucional. El oficialismo no se inmuta ante las violaciones y faltas en que sus cuadros han incurrido. Todo lo contrario, el presidente alienta dichas vulneraciones poniendo el ejemplo de un actuar desapegado de las normas, del decoro y la prudencia política.
Ante el panorama de fraude de Estado, las autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial han podido haber actuado de manera más clara y categórica. Observamos en algunos miembros de dichas instancias colegiadas argumentos que parecen plegarse en ocasiones con hechos y circunstancias que tienen una mayor apariencia de simulación que de realidad.
Afortunadamente, la población y los grupos que se expresan a través de las redes sociales han empezado a ejercer presión ante la descomunal y evidente violación a la Constitución y las leyes.
El país no solamente tiene problemas que este gobierno no ha resuelto en materias de seguridad pública, educación, desarrollo, combate a la corrupción; sino que en muchas áreas vive una involución evidente. Por lo mismo es deplorable que, quien ocupa la Presidencia, no se ocupe por llamar a todas las fuerzas políticas a una gran cruzada para enfrentar dichos problemas y más bien prefiera radicalizarse y persistir en su conducta de jefe de partido y coordinador de campaña ilegal.
A pesar de amenazas, de intimidaciones, de injurias provenientes del gobierno, quienes integramos el frente Va X México, reiteramos que no habremos de doblarnos ni nos cansaremos de exigir que cese el presidente en su intentona de imponer a su sucesor o sucesora.
Desde ahora advertimos que no quedarán impunes sus acciones por cancelar las posibilidades de alternancia. Al efecto, hemos acudido y seguiremos acudiendo a instancias jurídicas y políticas tanto domésticas como internacionales. México no se merece caer en un retroceso político. Por eso seguiremos trabajando y alistando todos los medios a nuestro alcance. No al fraude de Estado.
Diputado, Coordinador del GPPAN
