El oficialismo, en su afán revanchista y de satisfacer los caprichos del ejecutivo, cada día sorprende más con sus declaraciones que violentan el Estado de Derecho. La más reciente de esas acciones, es el amago de someter a una consulta popular a nivel nacional, si los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por voto popular. Anunciando una serie de “conversatorios públicos” para escuchar las diferentes posturas.
La Consulta Popular que pretenden realizar no es un acto genuino de democracia participativa. Todo lo contrario, es una gran cortina de humo para legitimar sus ocurrencias y mantener lo que mejor han sabido hacer: un circo para sus simpatizantes. Sabemos bien que, a ellos, lo que menos les importa es escuchar a las voces que piensan diferente.
Su propuesta es tramposa y engañosa, ya que para que esto pudiera ser una realidad, solo sería necesario someter una iniciativa de reforma constitucional que requiere el voto de la mayoría calificada, con la que en estos momentos no cuentan. Además, de acuerdo con la propia ley, la figura de consulta popular no es aplicable para cambios constitucionales, por lo que claramente su ocurrencia es otro más de los espectáculos con los que se pretende construir su narrativa de que la sociedad pretende frenar su “transformación”.
Lo mismo pasó con su pretendida reforma eléctrica y con sus propuestas de elegir con voto popular a los consejeros del INE. Ellos sabían que no prosperarían, pero eso no les importó; lo que persiguen es alimentar su campaña permanente con ideas que jurídicamente son improcedentes y políticamente son deplorables.
Resulta muy extraño y hasta sospechoso, que realicen esta propuesta cuando han perdido las correas de transmisión que tenían en la Corte. No ha sido sino hasta que sufrieron los reveses como ocurrió con la primera parte del llamado “Plan B” y con los decretos presidenciales para mantener en la opacidad las “obras faraónicas”, cuando anuncian esta embestida en contra del orden republicano y el correcto funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional, encargado, justamente de defender los más altos derechos de todos.
Es pertinente recordar que la última gran reforma constitucional concerniente al Poder Judicial, en la que se disminuyó el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de 26 a 11 integrantes fue en 1994. En dicha reforma se estableció que el periodo de cada ministro sería de 15 años, con una renovación de manera escalonada. Así mismo, para el mejor funcionamiento del Poder Judicial, se creó al Consejo de la Judicatura Federal y se realizó una división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales Unitarios, Colegiados y Juzgados de Distrito. Dicha reforma no trastocó la naturaleza contra mayoritaria de la Corte, que es una garantía de equilibrios en una sociedad plural y dinámica.
Ante la ofensiva que se advierte por parte de la denominada 4T, encabezada por el Ejecutivo quien ha incluso señalado que el Poder Judicial “está podrido de arriba abajo” podemos afirmar que estamos viviendo la peor época de autoritarismo en la historia reciente de México. El grupo en el poder busca acabar con la división de poderes y destruir las instituciones (por supuesto perfectibles) que han costado años de lucha construir y han permitido el desarrollo de un México más democrático y justo.
En apego a nuestro origen democrático, en Acción Nacional reprobamos rotundamente las acciones emprendidas en los últimos días por el oficialismo en el Ejecutivo y su brazo legislativo; que van desde ataques desmesurados a la Suprema Corte y a sus miembros, con manifestaciones cada vez más violentas, hasta la emisión casi cínica de nuevos “decretazos” con visos de desacato.
En Acción Nacional nos oponemos y combatiremos de manera frontal los intentos del oficialismo para instaurar su proyecto autoritario y destructivo en nuestro país. Propuestas y acciones como las que han realizado en los últimos días, dan cuenta del recrudecimiento e intensificación de su hostilidad y desprecio hacia la democracia, de lo cual ya habían dado señales previas; tal como se observó con el ataque a otros órganos autónomos y a la libertad de prensa, con el fomento a la división social y la persecución a la oposición. Esto no lo vamos a tolerar y advertimos que no nos quedaremos con los brazos cruzados. Acompañaremos también a la sociedad civil en su defensa ciudadana.
Las mujeres y los hombres de Acción Nacional daremos nuestra vida antes de permitir que Morena nos arrebate el derecho de vivir en una sociedad democrática. Cuentan con nosotros y cuentan con el PAN para seguir defendiendo a México, para garantizar la prevalencia del Estado de Derecho y la independencia de las instituciones encargadas de los contrapesos al poder que impiden que nuestro país sea manejado por los caprichos y berrinches de un solo hombre.
Diputado, Coordinador del GPPAN
