Lo que mal empieza, mal acaba, dice un popular refrán que, para desgracia de la justicia en México, se volvió realidad. En anteriores ocasiones nos hemos referido a las irregularidades y violaciones que el oficialismo cometió en el proceso legislativo de la reforma del Poder Judicial aprobada, en la que se eliminó cualquier vestigio de imparcialidad en el sistema; ahora el problema es una implementación parcial que no respeta ni siquiera las reglas que ellos definieron.
Desde la eliminación de la experiencia como requisito para ser Ministra(o), Magistrada(o) o Juez(a), hasta la implementación de un mecanismo tan absurdo como la tómbola para asignar cargos judiciales, cada elemento de esta reforma fue diseñada para debilitar el sistema y someterlo al control del Ejecutivo. Esto no solo fue una reforma mal diseñada, sino un retroceso de décadas en el desarrollo de nuestro sistema judicial que, con sus fallas, había logrado mantenerse independiente de las presiones políticas.
El tiempo nos dio la razón y, como lo advertimos, la elección de jueces es un verdadero desastre que concluirá en un gran fraude. Morena ya ni siquiera está respetando las reglas que ellos mismos impusieron. Nos dijeron que la gente elegiría a los jueces, pero en realidad el INE ya decidió qué juzgados podrán ser votados según el distrito en el que vivimos. Y lo más grave es que los juzgados clave, aquellos que decidirán sobre libertades individuales, el patrimonio de los ciudadanos y los delitos de alto impacto, fueron colocados en zonas gobernadas por Morena, como la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, municipios de Veracruz y Tabasco, y regiones de Guerrero y el Estado de México. Con esto, aseguran que los ciudadanos de otras partes del país -que seguramente no coinciden con la forma de gobernar del actual oficialismo- no puedan decidir sobre estos jueces, aunque sus resoluciones nos afecten a todos.
Esta reforma no busca fortalecer el sistema de justicia, sino convertirlo en un instrumento de control político. Morena ha diseñado una estrategia para asegurarse de que sus aliados controlen los tribunales más importantes, convirtiéndolos en extensiones de su maquinaria de poder. No solo han decidido en qué distritos se votará por los jueces, sino que además ya están preparando la elección de candidatos afines a su movimiento, enviándolos a los distritos que controlan. No es casualidad que los jueces elegidos sean cercanos a altos funcionarios morenistas, operadores de confianza, familiares y compadres de la cúpula del oficialismo. No quieren una elección justa ni transparente; quieren jueces que les deban favores.
Esto significa que la justicia en México perderá su independencia. Las decisiones judiciales no estarán basadas en la ley, sino en los intereses del partido en el poder. ¿Qué garantía tiene un ciudadano opositor de recibir un juicio imparcial si el juez debe su puesto a Morena? La respuesta es clara: ninguna. La independencia judicial está siendo destruida y con ella, las garantías individuales de millones de ciudadanos.
Para colmo, en una nueva violación constitucional, buscan eliminar cualquier mérito o evaluación para acceder a estos cargos. En lugar de que el Poder Judicial impulse jueces con carrera judicial, independientes y con trayectoria, Morena impone una designación a dedo, sin exámenes ni filtros. La carrera judicial está siendo demolida para imponer a inexpertos y leales al régimen. Es una vulgar rifa la que decidirá el futuro de la justicia en México.
Todo esto es un fraude monumental. No seremos ejemplo de justicia, sino el hazmerreír del mundo. En el PAN siempre nos opusimos a esta reforma porque sabíamos que no se trataba de mejorar la justicia, sino de someterla al control de Morena. Cuando vimos que iban a imponerla sin importar el costo, les advertimos y propusimos soluciones. Pero no escucharon, porque su verdadero objetivo es secuestrar al Poder Judicial y llenarlo de jueces a modo. Ahora no podrán culpar a nadie cuando esto se derrumbe. Si esta reforma termina en un desastre, habrá un solo responsable: Morena.
Desde el PAN seremos la oposición firme que no permitirá que este fraude se concrete. Vamos a impugnar este atropello con una Acción de Inconstitucionalidad. La justicia no puede ser secuestrada. Estamos en pie de lucha y no cederemos ni un centímetro en la defensa de la República. México merece justicia, no una farsa electoral. Exhortamos a todos los ciudadanos a informarse y no dejarse engañar. La justicia es un pilar fundamental de nuestra democracia y no podemos permitir que se transforme en un instrumento de control político. Morena quiere manipular el futuro de nuestro país imponiendo jueces sin preparación, sin imparcialidad y sin autonomía. No es solo una lucha del PAN; es una lucha de todos los mexicanos que creemos en la división de poderes, en la justicia real y en el respeto a la Constitución.
No permitiremos que esta aberración se lleve a cabo sin resistencia. Seguiremos alzando la voz, denunciando cada irregularidad y defendiendo los derechos de todos los mexicanos. Este es un llamado a la acción: informemos, protestemos, exijamos. Porque sin justicia independiente, no hay democracia.
Presidente del Partido Acción Nacional
