Hay momentos en la vida pública en los que no se puede guardar silencio. Este sin duda, es uno de ellos.
Lo que está en juego va mucho más allá de artículos y tecnicismos legales. Lo que se está discutiendo es si en México vamos a seguir siendo un país donde las personas puedan expresarse con libertad, comunicarse con privacidad y acceder a información sin miedo a ser vigiladas o censuradas.
Desde Acción Nacional hemos sido contundentes: la propuesta de iniciativa de Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión es profundamente regresiva. Su diseño concentra facultades excesivas en manos del Ejecutivo federal, elimina la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y abre la puerta a la censura previa, al bloqueo discrecional de plataformas digitales y a la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial. Todo eso en un solo paquete.
Lo advertimos desde el primer día y lo seguiremos diciendo cuantas veces sea necesario: no podemos permitir que se normalice el control del espacio digital por parte del poder. No es aceptable que una agencia gubernamental pueda decidir, sin criterios claros ni control institucional, qué se puede decir, quién puede opinar y cómo debe hacerlo.
Y aquí no se trata solo de defender principios abstractos. Lo que esta ley propone afecta la vida diaria de millones de personas. Afecta a quien escribe un blog, a quien publica en redes, a medios de comunicación, a periodistas, a estudiantes, a docentes, a cualquiera que utilice la tecnología para informarse o expresarse. Porque basta con que un funcionario considere que un mensaje “incumple alguna norma” —que, por cierto, ni siquiera especifican— para que se ordene su bloqueo. Así, sin más.
Por eso desde el PAN alzamos la voz y lo seguiremos haciendo. No por cálculo político, sino porque entendemos lo que significa ceder libertades a cambio de una falsa idea de orden. Porque sabemos que cuando el poder se queda sin contrapesos, lo siguiente que intenta controlar es la palabra.
En días pasados arrancó el primer conversatorio en el Senado, dedicado a analizar esta iniciativa. Por supuesto que celebramos su realización, y lo vemos como un logro de la presión social. Se supone que estos espacios deben ser foros de diálogo, de análisis abierto y de escucha plural, pero lo que vimos el 8 de mayo dejó más dudas que certezas.
En tres ocasiones, el senador Javier Corral interrumpió a los participantes. Primero, cuando el morenista Manuel Huerta comenzó a politizar el debate con ataques partidistas. Luego, cuando la académica Denise Dresser rebasó su tiempo mientras hacía una crítica profunda al contenido de la ley. Y finalmente, cuando Ricardo Anaya respondió —con toda razón— a una mención personal, y calificó de “perorata” la intervención de quien lo había aludido directamente.
¿Fueron esas interrupciones actos de orden o actos de censura? La pregunta está abierta. Lo que es claro es que en un foro supuestamente abierto y plural, no puede ser que se limite el uso de la voz a quienes tienen algo importante que decir, solo porque incomodan. Porque entonces no estamos hablando de debate democrático, sino de control del discurso.
Desde el PAN lo decimos con todas sus letras: el riesgo de esta reforma no está sólo en lo que dice, sino en lo que permite. Si esta ley se aprueba como está, bastará con que a alguien en una oficina no le guste lo que tú publicas, para que te bajen de una red social. Bastará con que un funcionario quiera saber dónde estás, para que se acceda a tu ubicación sin orden judicial. Bastará con que se hable de “lenguaje correcto” para que empiecen a imponer una forma única de decir las cosas.
Eso es peligrosísimo. Y por eso vamos a estar en todos los conversatorios, participando, argumentando y alertando. No sólo para defender una convicción partidista sobre la libertad, sino para proteger libertades conquistadas que nos pertenecen a todas y todos, incluso de aquellos que una vez lucharon por ellas y hoy apuestan a censurar desde el poder.
A cada uno iremos con propuestas y con una exigencia muy sencilla: que se escuche a las y los expertos, que no se impongan posturas unilaterales, que se construya una ley moderna, sí, pero también respetuosa de los derechos humanos.
Estamos a tiempo de corregir. Y lo digo con claridad: hay elementos valiosos en la propuesta. Reconocer el acceso a internet como derecho, plantear mayor cobertura digital en todo el país, atender el rezago en radiodifusión pública. Todo eso tiene sentido. Pero nada de eso justifica abrirle la puerta al control político del espectro digital.
No podemos permitir que un proyecto útil se convierta en una trampa.
Por eso, mientras esta ley no garantice libertad, privacidad y autonomía institucional, el PAN no la va a acompañar. Y tampoco vamos a dejar de señalar cada intento de imponerla sin escuchar. Porque para nosotros, la democracia no se mide en número de votos, sino en la calidad de las libertades que garantiza.
Y con esta o con cien leyes más, la voz de Acción Nacional no la van a callar. Ni en redes, ni en medios, ni en ningún rincón de este país.
Presidente Nacional del PAN
