El 15 de noviembre marcó un punto de quiebre entre la juventud y un gobierno que decidió responder a la inconformidad ciudadana legítima con la misma herramienta que usan los regímenes autoritarios que temen a su pueblo: la fuerza. Ese día quedó exhibida la distancia brutal entre un país que quiere libertad y un poder que lo ve como amenaza. Mientras miles de jóvenes salieron a las calles para expresar su hartazgo, las autoridades optaron por la ruta más torpe y vieja: reprimir, golpear, intimidar.
A la fecha, seguimos sin una sola explicación creíble sobre quién dio la orden en la Ciudad de México. Tampoco se ha aclarado la presencia del llamado “bloque negro”, ese grupo anónimo y violento siempre funcional al discurso oficial y siempre útil para justificar sus acciones.
Ese silencio —cómodo para algunos, muy doloroso para México— es también una forma de violencia. Por eso nosotros decimos: 15N no se olvida.
No se olvida porque hubo jóvenes lesionados y acosados, colectivos perseguidos, estudiantes tratados como delincuentes solo por marchar. No se olvida porque no podemos acostumbrarnos a que la autoridad responda con violencia a quienes debería escuchar con responsabilidad. No se olvida porque lo que está en juego no es un episodio aislado: es el tipo de país que queremos vivir y heredar.
El día de hoy, un grupo de panistas acudirá a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia formal. Nuestro propósito es claro: que las violaciones del 15N no sean enterradas por la inercia política ni por la comodidad del poder. Si este gobierno no quiere escuchar aquí, que se escuche afuera.
Nuestra respuesta institucional no termina ahí. Ayer, el Grupo Parlamentario del PAN, presentó una reforma constitucional y una nueva Ley General de Protección a la Protesta Pacífica. La lógica es sencilla: el derecho a protestar es de la ciudadanía; el deber de comportarse a la altura es del gobierno, no de los manifestantes.
Lo que proponemos es modernizar y blindar un derecho que hoy está en riesgo:
- Reconocer en el artículo 9 constitucional el derecho de reunión y protesta pacífica, en las calles y en entornos digitales.
- Impedir que cualquier gobierno utilice vigilancia digital, geolocalización o reconocimiento facial para intimidar.
- Prohibir la estigmatización mediática, la filtración de datos personales y toda forma de represalia.
- Establecer protocolos claros para la actuación policial.
- Obligar a que toda agresión o abuso de autoridad sea investigado automáticamente.
La protesta no debe presumirse violenta, aunque el gobierno insista en justificarlo. Protestar es parte de la democracia, no su amenaza.
La marcha del 15 de noviembre nació del hartazgo frente a la violencia, la impunidad y la ausencia de respuestas. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue el detonante de una indignación que venía acumulándose entre jóvenes que sienten que el Estado los abandonó.
Lo que ocurrió después ya forma parte de las imágenes que dieron la vuelta al mundo: gases, golpes, extintores, encapsulamientos. Más de 120 personas heridas; al menos 20 detenidas. Testimonios, fotografías y videos muestran agresiones, despojo de celulares, intentos de impedir grabaciones, amenazas, incomunicación y lesiones sin atención inmediata.
Y después vino lo peor: la fase de intimidación y censura. Campañas de desprestigio contra jóvenes; amenazas directas y veladas; filtración de datos personales; agresiones a periodistas; narrativas oficiales para deslegitimar el movimiento; la intención era clara: inhibir la memoria colectiva del 15N.
El Estado de derecho no se defiende solo; necesita instituciones que tengan la valentía de actuar cuando el poder cruza la línea.
Como presidente nacional de Acción Nacional, lo digo con absoluta claridad: el 15N no se olvida.
Presidente de Acción Nacional