El presunto proyecto Portero, anunciado por la DEA como un plan binacional para golpear a las redes criminales que controlan el trasiego de drogas y armas, encendió una polémica inmediata. El gobierno mexicano respondió que no existe tal acuerdo y aclaró que lo único que hubo fue un taller de capacitación en Texas. La presidenta Sheinbaum precisó además que cualquier acuerdo en seguridad debe formalizarse con el gobierno de Estados Unidos y no con agencias específicas, y adelantó que está prácticamente listo un nuevo convenio bilateral basado en soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación.
Este nuevo diferendo no es un asunto menor. Vuelve a poner sobre la mesa la tensión histórica entre la necesidad de cooperar con Estados Unidos y la obligación de preservar la soberanía nacional. El debate no radica en si conviene o no trabajar con nuestro vecino en la lucha contra el crimen organizado. La verdadera cuestión es cómo hacerlo sin improvisaciones, sin anuncios unilaterales y sin menoscabo de nuestro orden constitucional. México no rechaza la cooperación, pero exige que se realice bajo reglas claras, con respeto mutuo y con control democrático.
La Constitución es categórica al señalar que la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo y que, tratándose de convenios internacionales, el Senado debe participar. Ningún entendimiento con agencias extranjeras puede colocarse fuera de esos cauces. Cuando se intenta actuar al margen de la ruta institucional, el resultado no es cooperación genuina sino tensiones y desconfianza.
La experiencia reciente lo demuestra. La operación Rápido y Furioso permitió la entrada clandestina de miles de armas que terminaron en manos del crimen y costaron vidas. La Iniciativa Mérida ofreció recursos y capacitación, pero bajo un diseño desigual que redujo a México a simple receptor de instrucciones. Ambos casos dejaron la misma enseñanza: sin legalidad, sin transparencia y sin verdadera corresponsabilidad, la cooperación se convierte en un riesgo mayor que la amenaza que pretende enfrentar.
El desafío ahora es concretar la construcción de un nuevo marco de colaboración que combine agilidad operativa con respeto irrestricto a la soberanía, que trascienda coyunturas y gobiernos, respete la Constitución, fortalezca nuestras instituciones y establezca mecanismos de confianza. México puede cooperar de manera eficaz y, al mismo tiempo, reafirmar su dignidad. Se trata de trabajar junto con Estados Unidos como iguales y no como tutelados, y de asumir que la seguridad regional sólo puede sostenerse con obligaciones recíprocas. Frenar el flujo de drogas hacia el norte exige también detener el tráfico de armas y dinero hacia el sur.
La verdadera soberanía no se preserva con críticas mediáticas ni con nacionalismos huecos. Se ejerce diseñando reglas claras que permitan colaborar con aliados sin claudicar principios. Esa es la lección que deja la polémica del proyecto Portero. La cooperación es posible y necesaria, pero sólo será legítima y duradera si se construye sobre el respeto mutuo y el imperio de la ley. Y para lograrlo, es indispensable confiar en que nuestro gobierno tiene la capacidad de conducir esa relación con firmeza, dignidad y responsabilidad.
Abogado penalista. X: @JorgeNaderK
