La Agenda Nacional de Paz, que promueve la Iglesia Católica, es incontestable en su diagnóstico sobre seguridad y justicia. Hasta se podría decir que obvia: “hay una desarticulación de las fuerzas de seguridad, una falta de estrategia en los territorios, un descuido de las policías municipales y una ausencia de la participación ciudadana en las instancias locales de seguridad.” “El sistema de justicia está desbordado, impera la impunidad y se experimenta lejano; predomina el enfoque punitivo; se percibe una falta de autonomía de las fiscalías estatales del poder ejecutivo; y los tribunales no logran garantizar el acceso a la justicia”. Sólo los ciegos no podrían ver esas realidades que se sienten a diario pero que además recogen todas las mediciones e índices sobre violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. O qué, ¿tenemos policías estatales y municipales articuladas y en control de los territorios en los que ejercen jurisdicción? ¿Es mentira que la delincuencia organizada manda en un número cada vez mayor de municipios? ¿O será que nuestros tribunales imparten justicia de calidad pronta, expedita y transparente? Cuestionar ese diagnóstico, resultado del abandono histórico de nuestras policías, ministerios públicos, jueces estatales y autoridades penitenciarias, implicaría asumir que tenemos buena seguridad y justicia, que no hay nada que replantear y que, de cara al futuro, sólo hacen falta pequeños ajustes para consolidar. Nadie -o muy pocos-, me parece, podrían estar de acuerdo.
La inseguridad e injusticia que en general padecemos los mexicanos provoca márgenes directamente proporcionales de violencia para resolver las diferencias entre los integrantes de la comunidad. Por ello, reconocer que la seguridad y la justicia tienen una relación imprescindible con la paz, entendida como ausencia de conflicto, implica un paso fundamental para abordar eficazmente la problemática recogida en el diagnóstico. Es, entonces, plausible que, con todo y objeciones y reservas, naturales entre quienes no coinciden ideológicamente, los tres candidatos a la presidencia hayan suscrito una agenda que plantea la necesidad de fortalecer las policías municipales con un enfoque de proximidad, investigación e inteligencia, así como sobre el rediseño del sistema de justicia y cárceles para disminuir la impunidad y la corrupción cuando las comunidades acudan a los tribunales a dirimir sus diferencias. Se trata de sanear el tejido social y, a partir de ello, recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia a los mexicanos; de promover la justicia restaurativa, la mediación y la resolución pacífica de conflictos en las comunidades. De vivir en paz, en suma, y que se cumpla el imperativo constitucional según el cual la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
La adopción de la Agenda Nacional de Paz por quienes aspiran a gobernarnos y de manera consecuente por todos los actores políticos nacionales, estatales y locales que contienden por puestos de elección popular, es una oportunidad para recordarnos que sin seguridad y justicia no habrá paz.
Abogado penalista.
