El affaire que envuelve el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos continúa en el debate a pesar del informe rendido por el fiscal Gertz Manero en la mañanera del pasado 25 de febrero, en la que explicó que la fiscalía a su cargo tiene la convicción de que el capo fue secuestrado y, por lo tanto, ha pedido su extradición hasta en cuatro ocasiones. La explicación del fiscal deja un espacio vital sin responder: ¿quién secuestró a Zambada? ¿Estados Unidos, en un acto violatorio de la soberanía, o algunos mexicanos que, con engaños, lo pusieron en territorio estadounidense?
Sólo de esa respuesta, que depende en buena medida, pero no únicamente, de información de las autoridades estadounidenses, aún no entregada y que seguramente no proporcionarán, será posible determinar si el gobierno mexicano puede o no pedir la repatriación de Zambada, que no la extradición —son figuras completamente diferentes—, al haber sido, según él, víctima de un secuestro transfronterizo ejecutado por autoridades extranjeras en territorio nacional.
Esta incertidumbre no es un mero detalle técnico; se trata de una interrogante que toca fibras sensibles sobre la defensa de la soberanía y el funcionamiento del sistema de justicia penal en México. Si realmente se trató de un secuestro transfronterizo, ello obligaría al Estado a replantear urgentemente sus protocolos de protección y repatriación, demostrando que, sin importar quién sea el implicado, la integridad del territorio es inviolable en este y en todos los casos. Por el contrario, si la salida de Zambada fue facilitada por actores internos, estaríamos ante una descomposición en la unidad del crimen organizado, lo que no sólo alimentaría graves disputas internas, sino que además pondría en entredicho la capacidad del Estado para controlar y combatir de manera efectiva las redes del narcotráfico.
El fiscal Gertz Manero ha puesto sobre la mesa la versión del secuestro, pero la falta de pruebas concluyentes —y la negativa de las autoridades estadounidenses a proporcionar información— deja un vacío que evidencia la opacidad que, en ocasiones, acompaña a los grandes casos de seguridad nacional y penal. La ausencia de claridad impide que se pueda afirmar, con fundamentos sólidos, si la actuación de la Fiscalía se justifica plenamente o si, por el contrario, se han eludido investigaciones que podrían arrojar luz sobre una posible traición interna.
En última instancia, el enigma sobre quién secuestró al Mayo Zambada afecta la imagen del combate al narcotráfico e incide directamente en la forma en que se define y se defiende la soberanía nacional. Es hora de que el Estado actúe con la firmeza y la transparencia que exige la nación, garantizando que ningún acto, ya sea de injerencia extranjera o de traición interna, quede sin una investigación rigurosa, responsable y concluyente, independientemente de la información que entreguen o no las autoridades norteamericanas.
La verdad sobre el secuestro de “El Mayo” es, sin duda, un factor decisivo para el futuro de la política de persecución penal en México en el contexto de la colaboración internacional. Únicamente con respuestas claras podremos avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente eficaz y respetuoso de la soberanía nacional.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com