En el Congreso de la Unión se está gestando una clara estrategia de castigo hacia el Poder Judicial de la Federación. Se busca asfixiarlo, privándolo de todos los recursos posibles. Primero, mediante la eliminación de trece fideicomisos que en general están constituidos para proteger los derechos laborales de miles de servidores públicos. Luego, a través de la reducción de varias partidas presupuestales en el presupuesto del Poder Judicial Federal para 2024. Para eliminar los fideicomisos se requiere una votación mayoritaria simple en ambas cámaras del Congreso. Para la reducción presupuestaria, una mayoría simple de la Cámara de Diputados es más que suficiente. En ambos casos, si se consuma este castigo, los afectados seremos todos: los jueces, los trabajadores del Poder Judicial y la ciudadanía en su conjunto, pues terminaremos siendo demandantes de una justicia precaria.
En esta discusión, parece soslayarse por parte de nuestros legisladores que los derechos y libertades básicas de todas las personas, incluidos ellos, sólo tienen sentido práctico a través de la existencia y operación efectiva de un aparato de justicia capaz de limitar el poder, para que éste no se desborde, imponiéndole límites de respeto y obediencia mediante el juicio de amparo y otros procesos jurisdiccionales, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Gracias a esos procesos, especialmente el juicio amparo que protege los derechos y las libertades individuales, hemos logrado triunfos ciudadanos, como por ejemplo, la eliminación de impuestos injustos, la tutela de nuestra libertad personal frente a los abusos policiales, la protección de nuestro patrimonio contra las injerencias abusivas de la autoridad y el acceso inmediato a la salud, entre muchos otros que sería imposible enumerar en este espacio. Pero ello no ha sido por obra y gracia de las buenas intenciones, sino por la operación concreta y real de un sistema de justicia compuesto por miles de jueces, empleados de la justicia y auxiliares intervinientes, con las condiciones materiales necesarias para desarrollar de la mejor manera posible sus funciones. Así, que el Poder Judicial Federal disponga de los recursos suficientes que respalden la operación de los tribunales y los derechos laborales de los trabajadores, no es un lujo, ni un regalo. Es un requisito esencial sin el cual nuestra justicia, en su totalidad, queda en grave riesgo.
No debemos olvidar que el modelo constitucional condiciona la teoría y la práctica de los derechos en nuestro país en las decisiones judiciales que garantizan y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Castigar al Poder Judicial Federal con el ominoso recorte presupuestario que se está gestando en el Congreso de la Unión no sólo ofende a los miles de trabajadores de la justicia federal, sino a toda la sociedad que espera sentencias autónomas, libres, rápidas y valientes de sus jueces. Por ello, a todos nos corresponde elevar la voz, pues en ello van nuestros derechos y libertades fundamentales. Nuestros legisladores deben mirar a los ciudadanos que representan y que exigen un sistema de justicia sólido capaz de proteger sus derechos.
