La aritmética no consuela a quien entierra a su alcalde. Mientras los reportes oficiales celebran que octubre fue “el mejor mes”, Michoacán mostró el rostro de la impunidad a cielo abierto: un edil acribillado en la plaza y un Palacio de Gobierno irrumpido por el hartazgo. El Gobierno Federal respondió con un plan. No obstante, la verdadera prueba no está en el anuncio, sino en su cronograma, sus métricas y su ámbito de acción.
Lo ocurrido en Uruapan no es un hecho aislado. Confirma que la gestión del riesgo en actos públicos sigue ausente o convertida en un trámite. Cuando un presidente municipal asiste a un festival, la seguridad no puede depender del azar. Deben existir anillos de protección, control de accesos, rutas de evacuación, inteligencia previa y coordinación real entre corporaciones. Ese andamiaje no es un exceso, es el estándar mínimo de profesionalismo para reducir la superficie de ataque. Cuando falta, el azar se vuelve política pública y el luto, rutina.
Ante la tragedia, la presidenta Sheinbaum anunció una nueva estrategia federal para la entidad. Pero conviene recordar que el diseño puede ser nacional, mientras la ejecución es local. La eficacia dependerá de la capacidad del gobierno estatal y de los municipios para convertir los recursos en resultados. Un plan serio se mide por su calendario, por los nombres de quienes lo encabezan y por los avances verificables en el territorio. ¿Qué cambiará en treinta, sesenta o noventa días? Sin esas respuestas, la estrategia se queda en buenas intenciones.
El primer deber es proteger a quienes gobiernan. Si existe un mecanismo de protección para periodistas, debe existir uno para las autoridades. Evaluaciones de riesgo, protocolos de seguridad en actos públicos, escoltas certificadas, rotación periódica y comunicación directa con mandos regionales. No se trata de privilegios, sino de responsabilidad elemental hacia quienes representan la primera línea del Estado.
El segundo deber es desmantelar los circuitos económicos del delito. En Michoacán, la extorsión opera como un sistema paralelo de tributación. No habrá paz mientras esa economía criminal siga intacta. La autoridad estatal, con respaldo federal y municipal, debe mapear y quebrar esos flujos de dinero. La verdadera estrategia consiste en asfixiar el poder económico del crimen. Sin esa ofensiva, la estadística mejora, pero la impunidad se consolida.
El tercer frente exige profesionalismo en el primer respondiente. La diferencia entre una investigación sólida y un expediente inútil se define en los primeros minutos. Acordonar la zona, preservar la escena y documentar las evidencias son el cimiento del caso penal y de la credibilidad institucional.
Michoacán requiere tiempos y compromisos precisos. En quince días, el inventario estatal de eventos de riesgo; en treinta, el nuevo manual para actos públicos; en sesenta, el mecanismo de protección y su primer tablero de amenazas; en noventa, un informe verificable sobre bienes asegurados, licencias revocadas y empresas de seguridad regularizadas... Son medidas simples, pero medibles.
La discusión no es quién manda más, sino quién cumple primero. La cancha principal está en Morelia y en cada cabildo. Allí se definirá si el plan federal se traduce en resultados o se evapora una vez más. Michoacán no pide milagros, pide método. Si esa disciplina se impone, quizá el “mejor mes” deje de ser una cifra y empiece a parecerse, al fin, a una señal de vida.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com