Con todo reconocimiento a la Marina mexicana y mi pésame a las familias de quienes murieron heroicamente el 15 de julio.
De acuerdo con la legislación penal mexicana, Rafael Caro Quintero, reaprehendido el pasado 15 de julio, deberá compurgar en México los restantes 12 años de prisión de los 40 que le fueron impuestos por los delitos de homicidio y contra la salud, independientemente de enfrentar procedimientos de extradición por delitos de narcotráfico, homicidio y lavado de dinero iniciados a solicitud de los Estados Unidos de Norteamérica. Para garantizar la ejecución completa de la pena, así como la regularidad de los procedimientos de extradición y la integridad de los testigos que puedan existir, Caro Quintero permanecerá recluido en un centro penitenciario de alta seguridad, lejos de su domicilio y área de influencia, sujeto a un régimen especial de vigilancia. Así, el trabajo de inteligencia e intercambio de información que llevó a la recaptura del fugitivo más deseado por los Estados Unidos hará cumplir la justicia mexicana en primer lugar y posteriormente la estadounidense.
Sólo que así no será. La ley y el orden en México están lejos de hacerse realidad cuando de delincuencia organizada de alto perfil se trata. Desgraciadamente, nada garantiza que Caro Quintero concluya los años de prisión que le faltan, a causa de que un día de éstos, como ya sucedió, yerre nuestro sistema judicial o bien fracase nuestro ya de por si deficiente régimen penitenciario. En efecto, nadie creía posible la liberación anticipada de Caro Quintero, hasta que ocurrió, de la misma forma que nadie concebía la posibilidad de fuga de un centro penitenciario de alta seguridad, hasta que Guzmán Loera nos hizo ver cuán equivocados estábamos.
Por eso, más temprano que tarde, el famoso capo de los años ochenta será extraditado a los Estados Unidos antes de cumplir la pena de prisión pendiente en México; haga lo que haga, pelee lo que pelee en tribunales. Cuando mucho, conseguirá algo de tiempo. Ni siquiera le servirá alegar tener la nacionalidad mexicana puesto que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos permite la entrega de personas de nuestra nacionalidad siempre y cuando el Poder Ejecutivo así lo determine “a su entera discreción”; es decir, mediante una inminente decisión presidencial, por cierto, constitucionalmente válida tal y como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia obligatoria desde 2008, y que se ejercerá por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tan pronto como concluyan los procedimientos de extradición.
Al margen de lo anterior, es indudable que la captura de Caro Quintero es plausible. De entrada, habla muy bien de la dignidad de nuestras fuerzas armadas y de la importancia del intercambio de información internacional -sería una ingenuidad creer que los servicios de inteligencia norteamericanos no participaron en la captura. Además, demuestra que sí es posible enfrentar a la delincuencia organizada sin derramamiento de sangre inocente. Y aunque también es simbólica en la práctica pues, como se ha documentado, la caída de jefes del narcotráfico genera la multiplicación de los grupos delictivos en desgracia, con la correspondiente carga de violencia en la sucesión sus jefes y el control de los territorios de influencia, ciertamente al célebre capo se le terminó el camino y le vienen mil y una noches obscuras bajo el rigor penitenciario de alta seguridad estadunidense.