Sin mucho ruido, se cocina en el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, de aprobarse como está, dotará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de un enorme poder discrecional en el ejercicio y control del presupuesto público, que actualmente no tiene.
La iniciativa de reformas plantea eliminar la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con lo cual todas las dependencias —salvo Defensa y Marina— tendrían meras unidades de administración y finanzas. El detalle está en que los/as titulares de esas unidades, serán nombrados/as y removidos/as por quien encabece la SFP, y no por quien dirija la de Hacienda, como viene ocurriendo por razones obvias. Según se dice, la intención sería que la SFP coordine la emisión de directrices y políticas en todas esas unidades y que dependan jerárquica, estructural y presupuestariamente de las secretarías y dependencias en las que operen, pero en realidad la SHCP quedaría al margen de la coordinación y conducción del ejercicio del presupuesto público, e incluso dejaría de conducir la política en materia de contrataciones públicas y de coordinar las negociaciones internacionales para las compras gubernamentales.
Lo anterior no pasaría de ser una mera reorganización interna de la administración pública federal, si no fuera por otro pequeño detalle: la SFP seguiría nombrando y removiendo a las personas titulares de los órganos internos de control (OIC) en las secretarías y dependencias —que desde hace años dependen jerárquica y funcionalmente de la SFP— y por lo tanto continuaría fiscalizando, controlando y evaluando, a través de ellos, el ejercicio del presupuesto público puesto bajo la responsabilidad de las unidades de administración y finanzas. Más aún, según la iniciativa, si bien la SHCP podrá solicitar actos de fiscalización, el que se lleven a cabo dependería del “criterio” (literal) de la SFP. Sería un control, sí, ¡discrecional!
Todavía más: para que la SFP pudiera cumplir sus nuevas atribuciones, se le transferirían todos los recursos humanos, financieros y materiales con los que actualmente cuenta la SHCP dedicados a la fiscalización y control del gasto público, por lo cual no sólo se sumaría una gran cantidad de atribuciones a la SFP, sino que también se le darían gigantescos recursos.
Sin lugar a dudas, la reforma en ciernes eliminaría de cuajo nuestro precario pero al menos existente sistema de equilibrios entre quien ejerce el gasto público y quién fiscaliza y controla su correcto ejercicio, y haría de la SFP, más que juez y parte, dueña del juez y de las partes. Y aunque desde luego nadie cuestiona la probidad ni las buenas intenciones del secretario Roberto Salcedo y de su equipo, advertir sobre una concentración de poder discrecional de tales dimensiones, visible en el horizonte, no es en vano.
Aunque tengo en mí que nuestros legisladores apurarán su voto incondicional, cual ha ocurrido indefectiblemente a lo largo de los años —ojalá me equivoque—, sería positivo que se recuerde que el ejercicio indebido del presupuesto es un grave delito de corrupción, cuya persecución en lo administrativo no debe de estar en manos de una sola secretaría. Sin equilibrios no hay transparencia.
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@JorgeNaderK
