La reciente publicación del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República es motivo de aliento. Después de más de dos años desde la promulgación de su Ley, finalmente se ha dado a conocer este importante instrumento normativo que detalla la organización y el funcionamiento de la FGR. Esto nos acerca a lograr una eficiente investigación y persecución de los delitos federales, sin vacíos reglamentarios.
Es alentador ver que la propia Fiscalía ha anunciado que desarrollará sus funciones con autonomía, legalidad, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectivas de género y de protección de la niñez y adolescencia, y debida diligencia, entre otros. Estos principios son cruciales para garantizar una procuración de justicia justa y equitativa.
Dentro de las novedades que presenta el Estatuto, destaca la reestructuración de la Policía Federal Ministerial en 7 coordinaciones regionales, en contraste con los equipos adscritos a cada entidad federativa. A modo de ejemplo, la Coordinación Regional Noroeste operará en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, mientras que la Coordinación Regional Valle de México cubrirá el Estado de México y la Ciudad de México. Aquí es crucial que la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos vigilen de cerca para evitar que se formen cotos regionales de poder policial que puedan ser cooptados por la delincuencia organizada, la cual también opera en divisiones territoriales en constante disputa. Este desafío representa una gran responsabilidad.
Otra innovación relevante es la creación de la Unidad Especializada en el Sistema Institucional de Evaluación de Resultados, lo cual demuestra que la FGR comprende la importancia de medir para mejorar. Contar con un área encargada de medir la productividad del personal y diseñar acciones correctivas es un indicio positivo. Un Plan Estratégico de Procuración de Justicia no tendría sentido si no existieran mecanismos de seguimiento, evaluación de resultados y acciones de mejora continua.
Pero, sin lugar a duda, lo más destacado del Estatuto es la incorporación de un modelo de gestión para la atención de casos, basado en trabajo colaborativo, flexibilidad, especialización e interdisciplinariedad. Según lo dispuesto en el Estatuto, cada investigación contará con un plan estratégico, ejecutado por un equipo compuesto por ministerios públicos, policías, peritos y analistas, bajo rigurosos criterios de actuación, operación y rendición de cuentas. Los avances de cada caso quedarán registrados en el sistema informático Justicia@Net, que busca ampliar y mejorar sus actuales capacidades.
Como todo instrumento normativo, el Estatuto es perfectible —por supuesto. Además, todavía es necesario emitir los manuales, acuerdos, circulares y protocolos pertinentes para su implementación integral. No obstante, dada su importancia, no hay más que saludarlo y desear que cumpla sus propósitos, contribuyendo así al fortalecimiento de la procuración de justicia federal en beneficio de la comunidad. Porque, hay que subrayarlo, una mejor y más sólida procuración de justicia federal nos conviene a todos.
