En 2020, mientras estudiaba un caso de desaparición forzada de personas, un testigo me relató cómo su vida cambió al quedar atrapado entre los cárteles mexicanos y las estrictas políticas de control fronterizo impuestas por Estados Unidos. Había intentado cruzar para buscar seguridad, pero fue detenido, deportado y posteriormente cooptado por una organización criminal en México, de la que afortunadamente logró escapar. Su historia es un reflejo claro de cómo decisiones políticas al norte del Golfo de México pueden tener repercusiones directas y devastadoras al sur, y que hoy resurgen con fuerza ante las órdenes ejecutivas contra México firmadas por Donald Trump.
La lógica política de Trump ha sido consistente en equiparar migración y delincuencia. Durante su mandato previo, el discurso oficial vinculó reiteradamente a los migrantes con actividades delictivas, presentándolos como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta narrativa se tradujo en políticas punitivas, como la separación de familias en la frontera, la deportación masiva y la militarización de los puntos fronterizos. Ahora, con su regreso al poder, estas acciones podrán intensificarse, incrementando la presión sobre México para frenar los flujos migratorios y reforzar la seguridad fronteriza.
Este enfoque deshumaniza a los migrantes e ignora las causas estructurales de la migración y de las redes delictivas que operan en ambos lados de la frontera. La implementación urgente de medidas de asistencia humanitaria, como las anunciadas por la presidenta Sheinbaum para proteger a los migrantes en territorio nacional, son plausibles, pero que no bastan por sí solas frente a un panorama tan complejo. Por ejemplo, en combate al crimen organizado transnacional, México necesita fortalecer sus capacidades de investigación y persecución de delitos como el tráfico de armas, drogas y personas, e incrementar los resultados. Con acciones objetivas se podrá evitar medidas reactivas unilaterales que afecten la soberanía nacional; y en este sentido, la inteligencia operativa y el debilitamiento financiero de los cárteles deberán ser prioridades permanentes. Además, es muy conveniente reforzar los lazos con organismos internacionales y socios regionales en iniciativas basadas en el respeto a los derechos humanos y la seguridad nacional.
El endurecimiento de políticas migratorias y de seguridad también representa un nuevo reto para el sistema de justicia penal mexicano. Las deportaciones masivas y la militarización de la frontera podrán desbordar las capacidades de las policías, fiscalías y tribunales. Por lo mismo, es impostergable consolidar el sistema penal acusatorio con inversiones suficientes que generen procesos rápidos, eficaces y respetuosos de los derechos fundamentales.
Es un hecho que el regreso de Trump plantea un riesgo inédito a la soberanía mexicana. Frente a ello, es imperativo que el liderazgo y la unidad nacional sean los pilares para construir una relación equilibrada que convenga a ambos países. Sólo así, historias como la de aquel testigo, que no son para nada infrecuentes, dejarán de ser un recordatorio doloroso de cómo las decisiones políticas norteamericanas impactan muchas vidas y sistemas políticos completos.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com