En un contexto donde el individualismo y los intereses particulares a menudo prevalecen sobre el bien colectivo, las sociedades que abrazan el republicanismo cívico buscan revitalizar valores como la participación ciudadana, la vida cívica y el compromiso con los demás. Este enfoque reacciona contra el egocentrismo presente en algunas comunidades, el cual socava el ejercicio de la ciudadanía. La democracia republicana contemporánea, por tanto, fomenta la participación de los gobernados en los asuntos públicos más allá del mero acto de votar y aspira a que la sociedad civil deje de ser vista como un objeto pasivo del sistema normativo y se convierta en un protagonista que intervenga en el debate político permanente. A tales fines, existe una variedad de instrumentos que por un lado descentralizan el poder político y por otro ofrecen incentivos objetivos para que los individuos puedan influir genuinamente en la toma de decisiones políticas: referéndum, consulta popular, revocación del mandato y parlamentos abiertos.
A través de los parlamentos abiertos se persigue que la voz de ciudadanos expertos sea escuchada y considerada por sus representantes en los congresos, de modo que las leyes sean compatibles en forma y fondo con los valores de la ética pública, y no con los caprichos del poderoso en turno o los intereses particulares o de grupo. Hoy día, en prácticamente todas las naciones auténticamente democráticas las leyes se ajustan al resultado de los parlamentos abiertos.
Pero no en México.
En nuestro país —es verdad—, se han realizado ese tipo de ejercicios sobre algunas iniciativas legislativas. Por ejemplo, en 2021, cuando se discutió una reforma judicial, el Senado desahogó mesas de análisis en las que muchos expositores formularon propuestas para mejorar y/o ampliar los proyectos que se analizaban. Sin embargo, ninguna se consideró. Todas las iniciativas fueron aprobadas sin modificarles ni un ápice. Y lo mismo ocurrió con otras: la electoral, la guardia nacional, la energética y la educativa. Repetidamente fueron votadas sin cambiar en lo mínimo el texto de las propuestas, pese a las observaciones de mejora, incluso de redacción y ortografía, provenientes de los especialistas que participaron en los foros. Así, nuestros parlamentos abiertos acabaron por convertirse en insumos de propaganda política y ejercicios de simulación, muy lejanos de los principios cívicos de la verdadera democracia republicana contemporánea.
Ahora nos enteramos de que la Cámara de Diputados analizará en parlamento abierto las 20 iniciativas del Presidente. Suerte a los ingenuos que participen de buena fe; cada uno decide cómo perder su tiempo. De todas formas, de antemano sabemos en qué acabará el proceso. Los propios partidos políticos se han encargado de anunciarlo: nada de lo que requiera mayoría calificada se aprobará, y lo que pueda transitar por votación simple, así será y sin cambiar “ni una coma”, cual el sello de la actualidad. Y todo ello, al margen de lo que resulte de las mesas de análisis. Así, una vez más, quedará en entredicho la que debería ser una genuina voluntad de escuchar y considerar las opiniones de la ciudadanía experta, en los asuntos legislativos trascendentales.
