La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resuelta por el Constituyente Permanente y que se publicará en el Diario Oficial, marca un punto de inflexión en la historia democrática de México. Esta decisión, justificada por sus promotores como una medida de eficiencia y ahorro, no sólo cierra un capítulo en el fortalecimiento institucional del país, sino que abre interrogantes fundamentales sobre el futuro de la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos.
El INAI no era un engranaje menor en el aparato estatal; era un elemento importante de la democracia moderna. Desde su creación, permitió a los ciudadanos exigir transparencia, acceder a información sobre el ejercicio del poder y proteger sus datos personales frente al uso indebido. Gracias a su labor, se desvelaron prácticas cuestionables en la gestión pública, se garantizó el acceso a información sobre megaproyectos y se protegieron datos personales en sectores vulnerables. Su desaparición, por tanto, plantea un vacío institucional que, de no subsanarse adecuadamente, podría dar paso a una regresión en materia de derechos fundamentales.
Aunque es cierto que la desaparición del INAI no equivale automáticamente al fin de la transparencia en México, esta reestructuración exige atención minuciosa. El traslado de las funciones del INAI a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción despierta inquietudes legítimas pues, más allá de las intenciones declaradas, lo que está en juego es el equilibrio entre la eficiencia gubernamental y la salvaguarda de los derechos fundamentales a la información y la transparencia. La confianza ciudadana no se construye con buenos propósitos sino con resultados concretos en el acceso pleno a la información, especialmente en temas sensibles como la corrupción y las violaciones a derechos humanos.
Es evidente que la desaparición del INAI no es un evento aislado. Junto con él se extinguirán otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Comunicaciones. Sin duda, se trata de una estrategia de Estado para implementar un nuevo modelo de gobernanza que garantice los derechos en esa materia, aunque no exento de tensiones entre concentración de poder, austeridad y ejercicio efectivo de las prerrogativas ciudadanas. Por ello, la decisión de extinguir al INAI pone a la administración pública en una encrucijada: demostrar que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno permanece inquebrantable, y ello requerirá de mecanismos innovadores y contrapesos que aseguren la rendición de cuentas sin interferencias políticas. En este sentido, la vigilancia ciudadana será esencial para evitar que los nuevos esquemas se conviertan en simulacros de transparencia.
La historia nos enseñará si esta decisión fue un paso hacia un mejor quehacer público o un lamentable error que comprometió años de avance. Mientras tanto, no podemos bajar la guardia y dejar pasar. La transparencia y la protección de datos no son lujos, sino cimientos medulares del desarrollo democrático, máxime en un país donde la opacidad ha sido terreno fértil para la corrupción y la impunidad.
Abogado penalista.