A estas alturas, nadie duda de la inconstitucionalidad de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como se ha repetido hasta el cansancio y el presidente bien sabe, una de las condiciones establecidas en la reforma de 2019 al artículo 21 constitucional fue dejar muy claro que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil; y que ésta quedará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.
Para disipar cualquier duda, la Ley de la Guardia Nacional , promulgada por el presidente, reitera que esa institución es de carácter civil; que su objetivo es realizar la función de seguridad pública en el ámbito federal, y que se encuentra bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por lo anterior, es que llama la atención la intención presidencial anunciada de pasar por decreto a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero no por su abierta inconstitucionalidad, sino por las consecuencias que ello traería al estado democrático de derecho:
En primer lugar, implicaría una violación al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y, por tanto, motivo para que la oposición promueva denuncias penales y juicio político. Quizás el cálculo sea que no prosperarán, pero ¿qué necesidad de llevar las cosas a ese punto?
En segundo lugar, daría pie a la promoción de controversias constitucionales y juicios de amparo. En estos casos, los jueces estarían facultados -obligados- a ordenar la suspensión del eventual decreto presidencial, incluso con efectos generales, con lo cual se generaría un nuevo reclamo del presidente al Poder Judicial y sus jueces. Al final, se acabaría dando la razón a los recurrentes, sin duda, no por consideraciones políticas, sino por la evidente inconstitucionalidad. Quizás el cálculo sea apostar al tortuguismo crónico de la Suprema Corte, pero, de nuevo, ¿qué necesidad de violentar de esa forma a nuestras instituciones?
En tercer lugar, lo más grave, es que se provocaría una situación de extrema ilegalidad dentro de la que las fuerzas armadas, ya sin las cortapisas y el pudor de soportar un mando civil, actuarían con el inmenso poder de las armas frente a los ciudadanos, sin límites ni equilibrios, provocando más y más abusos y violaciones graves de derechos humanos, como se encuentra confirmado con datos desde el sexenio de Felipe Calderón y documentan organizaciones internacionales serias.
Y no porque el ejército sea una institución per se violatoria de derechos humanos, sino porque sus integrantes son entrenados -y deben ser entrenados- en el uso de las armas para responder con fuerza y disciplina frente a los enemigos de la patria; y en las tareas de seguridad pública, los infractores no pueden ser considerados como enemigos, sino como personas como cualquiera de nosotros que deben responder de sus actos y en su caso ser sancionados con la severidad de la ley, pero dentro de un sistema que respete el debido proceso.
Ojalá el anuncio presidencial acabe sólo en eso. Nuestro presidente debería de explorar otras opciones y gestionar sus propuestas en un marco de respeto a la ley. No tiene la necesidad de estirar la cuerda de la legalidad al punto de quiebre como, sin duda, se provocaría.
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@JorgeNaderK