Imaginemos una escena cotidiana. Dos vecinos discuten porque uno tira la basura frente a la casa del otro. El pleito sube de tono, llegan los gritos, alguien amenaza con llamar a la policía, surgen los golpes.... Hoy, en la mayoría de los casos, ese conflicto se resolvería con una multa, un arresto o, peor aún, con el desinterés de la autoridad. Mañana, con un sistema robusto de justicia cívica, ese mismo caso podría terminar en una mesa de conciliación, con un acuerdo claro, reparación del daño y, quizás, el infractor barriendo la calle como parte de su sanción. Esa es la diferencia entre perpetuar la violencia y sembrar convivencia.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su última sesión, aprobó un acuerdo que puede marcar un antes y un después. Pidió a la Fiscalía General de la República diseñar un proyecto nacional para impulsar la justicia cívica en todo el país. La idea es simple y poderosa: atender de manera oportuna las faltas cívicas —pequeñas riñas, desórdenes vecinales, infracciones administrativas— antes de que se transformen en delitos.
Los ejemplos ya existen. En Querétaro, el municipio de Corregidora reporta que uno de cada cinco sancionados ha participado en la limpieza de parques o drenajes, reduciendo riesgos de inundaciones y mejorando el entorno común. En Guadalajara, los jueces cívicos privilegian la mediación y muestran que la mejor sanción es aquella que reconstruye el tejido social.
Sin lugar a dudas, la justicia cívica es una estrategia preventiva. Busca cortar de raíz la espiral de violencia que nace en lo cotidiano. ¿Cuántas tragedias no comenzaron como una simple discusión vecinal que nadie supo atender a tiempo? Con un juez cívico, un policía de proximidad y un mecanismo de conciliación, la historia puede escribirse de otra manera.
Pero también hay riesgos. En algunos municipios los juzgados cívicos son vistos como meros “cajeros automáticos” de multas, sin resolver nada de fondo. Y persisten denuncias por abusos en detenciones de hasta 36 horas. De ahí la importancia de que el modelo se implemente con reglas claras, supervisión ciudadana y un enfoque de derechos humanos. Si los juzgados cívicos se convierten en espacios de corrupción o castigo arbitrario, habremos desperdiciado esta oportunidad histórica.
México no está solo en este camino. En Brooklyn, Nueva York, existe el Red Hook Community Justice Center, donde un mismo juez atiende conflictos vecinales, casos familiares y faltas penales menores. En vez de multas o cárcel, los infractores son enviados a programas de rehabilitación, mediación o servicio comunitario. Los resultados han sido contundentes con menos reincidencia y mayor confianza ciudadana. Ese es el espejo en el que debemos mirarnos.
La justicia cívica no es una varita mágica, pero sí puede ser un muro de contención frente a la violencia. Si funciona, veremos menos ministerios públicos saturados, menos jóvenes encarcelados por faltas menores y más comunidades reconciliadas. La apuesta vale la pena. La paz no se construye solo en los tribunales constitucionales ni en los grandes operativos policiales; empieza en la esquina de tu casa, donde se decide si un problema vecinal se resuelve con diálogo o con golpes.
El desafío está planteado. Toca a gobiernos locales, Congreso y sociedad civil convertir este acuerdo en una política viva y eficaz. La justicia cívica es justicia de proximidad; es el Estado tocando la puerta del ciudadano para recordarle que la convivencia pacífica es un derecho, pero también un deber compartido.
Abogado penalista