En su 50ª sesión ordinaria, celebrada el pasado 10 de diciembre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública puso sobre la mesa la necesidad de armonizar los programas estatales de seguridad con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Este esfuerzo, que revela la brecha constante entre el diseño normativo y la realidad operativa, busca una mayor coordinación entre niveles de gobierno para garantizar resultados efectivos y homologados con alcance nacional.
La armonización que propone el Acuerdo respectivo -05/L/2024- es, sin duda, deseable, pero también representa un eco de las mismas aspiraciones expresadas en diagnósticos anteriores y que por tanto plantea algunas dudas. Por ejemplo, el anexo del Acuerdo menciona la capacitación y asesoría técnica como herramientas para acompañar estrategias locales con la federal, pero no establece mecanismos claros para medir los resultados de esas acciones; el censo de seguridad pública 2024 evidencia la disparidad entre entidades federativas: la Ciudad de México, por ejemplo, cuenta con una tasa de 4 policías por cada mil habitantes, mientras Querétaro apenas alcanza 0.3. Aún más preocupante es que sólo el 44% de los elementos a nivel nacional cuenta con Certificado Único Policial, lo que pone en entredicho la profesionalización de las corporaciones; finalmente, el Acuerdo omite abordar la diferencia abismal en salarios, que van desde los $28,000 mensuales en Baja California hasta $8,268 en Tabasco, inequidad que impacta directamente en la motivación y el desempeño de los elementos policiales, además de debilitar la cohesión del sistema nacional.
El reto de armonizar los programas estatales con la Estrategia Nacional de Seguridad también debe enfrentar la percepción de inseguridad y confianza en la policía que, según la ENVIPE 2024, alcanza en promedio al 73.6% a nivel nacional. En entidades como Morelos, Guanajuato y Zacatecas, más del 87% de los habitantes reportan sentirse inseguros. La confianza en las instituciones policiales también refleja esta problemática, con estados como Baja California donde solo el 45.1% de la población confía en su policía estatal.
Para lograse una seguridad pública armonizada es fundamental priorizar acciones que transformen los diagnósticos en resultados tangibles: establecer un salario base digno para todos los elementos policiales; acelerar los procesos de certificación policial e implementar evaluaciones periódicas que fortalezcan las capacidades operativas; garantizar que la capacitación y asesoría técnica se traduzcan en planes concretos, con indicadores de éxito medibles; e incluir mecanismos que permitan a la sociedad evaluar el desempeño policial y gubernamental en materia de seguridad.
El reto en materia de seguridad pública no es menor, como lo he planteado antes, pero tampoco imposible de enfrentar. La coordinación efectiva entre niveles de gobierno para hacer realidad la Estrategia Nacional de Seguridad Pública debe adoptar una visión que integre las necesidades locales con los objetivos nacionales. Así podremos construir un modelo transexenal de seguridad con alcance nacional que sea efectivo y garantice la pacificación para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.
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