El 27 de febrero de 2025, México entregó a Estados Unidos a 29 líderes del crimen organizado, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”. Este hecho, presentado como una acción de seguridad nacional, ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones legales, políticas y sociales. Si bien parece un golpe certero al narcotráfico, también expone las fragilidades de nuestro sistema de justicia y cuestiona la soberanía nacional ante presiones geopolíticas: pese a cumplir las imposiciones norteamericanas en materia migratoria, a los decomisos de droga y a las detenciones de líderes de la delincuencia organizada, el operativo nunca antes visto refuerza la percepción de que México responde a presiones externas en lugar de liderar su propia estrategia migratoria y de seguridad ciudadana.
El operativo se muestra como un logro conjunto de las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. México justifica la entrega bajo el argumento de seguridad nacional y la corrupción judicial, mientras que Estados Unidos celebra la llegada de estos “terroristas” para enfrentar cargos que podrían llevarlos a cadena perpetua. Seis de los extraditados, incluidos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, podrían enfrentar la pena de muerte, castigo abolido en México desde 2005; y aunque los convenios internacionales los protegen, particularmente el Tratado de Extradición de 1974, que impide la pena capital para extraditados, el catalogar esta acción como “envío” y no extradición por el gobierno mexicano, aunado a la retórica de Trump al llamarlos “terroristas”, genera incertidumbre y sienta un precedente sumamente peligroso para el futuro de la procuración y administración de justicia en México.
El contexto también es revelador. Desde su juramento como presidente, Trump amenaza, un día sí y al otro también, con imponer aranceles del 25% a exportaciones mexicanas, usando el fentanilo y la migración como pretextos. Por lo mismo, la entrega de estos capos podría verse también como una moneda de cambio para mantener el comercio bilateral de 800 mil millones de dólares.
Esta entrega masiva también exhibe la debilidad del sistema judicial y penitenciario. Durante años, los procesos de figuras como Caro Quintero se han estancado en tribunales, generando críticas por ineficiencia y corrupción. El envío sin procedimientos judiciales habituales también es una admisión de que México no tiene la capacidad de juzgarlos rápido y evitar su fuga. Además, con una impunidad del 98% en delitos graves y una corrupción carcelaria que permite a reclusos seguir operando sus redes criminales, es claro que los grandes delincuentes son castigados fuera, mientras dentro la impunidad persiste.
La entrega de 29 capos sintetiza las tensiones de la relación bilateral y las limitaciones de México ante el crimen organizado. Estratégicamente, podría aliviar presiones económicas y políticas, pero también confirma la impotencia del sistema penal y la falta de una visión a largo plazo con base en nuestros principios políticos y jurídicos. México no puede resignarse a ser el patio trasero de las prioridades estadounidenses; necesita recuperar su capacidad de juzgar y sancionar a quienes devastan su territorio.
Abogado penalista.
