Está claro que la mayoría de nuestros legisladores federales tienen una obsesión enfermiza en contra del juicio de amparo y de cualquier otra vía para que los gobernados nos defendamos de los actos arbitrarios. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló algunas leyes aprobadas en contravención de los procedimientos parlamentarios establecidos en la Constitución, los legisladores afines al gobierno han intentado desquitarse de la Corte acotando los procedimientos judiciales establecidos para la defensa de las personas, en lugar de reconocer que hicieron mal su tarea y que, por mucho que vivamos en un estado Constitucional basado en la división de poderes, no por ello el Poder Legislativo puede pisotear los procedimientos al momento de legislar.
Recordemos que hace unas semanas intentaron aprobar una reforma que impediría promover juicios contra leyes que, a pesar de ser inconstitucionales, no hubiesen sido invalidadas por la Corte por el simple hecho de no reunirse ocho votos de los ministros (cf. EL UNIVERSAL, Opinión, 15 febrero 24). Ahora pretenden concretar una reforma a la Ley de Amparo, en dos sentidos. El primero, para quitar autoridad a los jueces para suspender los actos reclamados cuando, siendo esta medida improcedente en la ley, sin embargo consideren que la negativa de suspender causaría una afectación mayor al interés social. Pensemos en un decreto que prohíba el servicio de telefonía celular en la vía pública. Bajo el argumento de que el Estado ejerce el dominio directo sobre el espacio por el que viajan las ondas electromagnéticas, las personas podríamos demandar el amparo, sí, pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, durante el proceso, que puede tardar meses o años, no dispondríamos de telefonía celular al aire libre pues se nos negaría la suspensión de la prohibición. ¿Se imaginan?
En segundo lugar, la reforma también busca impedir que los jueces concedan suspensiones con efectos generales cuando se promuevan amparos contra leyes también generales. Aquí, bajo el argumento de voltear a ver al pueblo, nuestros legisladores pasan por alto que los únicos que lograrían suspensiones contra leyes serían los “privilegiados” que pueden pagar costosos despachos de abogados que tramiten los juicios. Imaginemos que la normatividad que obliga a proporcionar nuestra información biométrica a las compañías de telefonía celular fuera aplicable para quienes no promovieron juicio de amparo, y no lo sea para los “de arriba” que si demandaron. ¿Cómo explicar a la masa que una mala ley puede no ser la ley para los “neoliberales aspiracionistas”, pero sí para los pobres, para los marginados, para los “de abajo”? La incoherencia no puede ser más evidente, a menos de que ese sea precisamente el cálculo.
No por nada la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, entre otras organizaciones serias, así como la generalidad de los derecho-humanistas, se han manifestado en contra de este nuevo intento de eliminar principios fundamentales ganados por las personas. Ojalá nuestros legisladores reculen; están a tiempo de evitar una reforma regresiva, atentatoria de los derechos y las libertades de los menos favorecidos.
