Los jueces son el último eslabón en la cadena de la justicia. Antes operan, y deben hacerlo con competencia y ética, los policías, los fiscales y los abogados (EL UNIVERSAL, Opinión, 1, 8 y 15 de agosto) pues bien dice Calamandrei que para encontrar pureza en los tribunales es necesario entrar en su recinto con espíritu puro. Pero no basta que los operadores actúen con eficacia y los juzgadores sepan a las leyes. Resulta necesario que éstos conozcan también cabalmente la sociedad en la que esas normas deben vivir, y para ello es imprescindible el oficio, la prudencia y la experiencia que sólo dan los años de servicio.

¿Estaría tranquilo si el juez que decidirá si usted va a prisión, o si pierde su patrimonio o empleo, carece de experiencia y debe el cargo al azar, a unas cuantas cartas de recomendación y a que ganó unas elecciones populares -con una previsible bajísima participación? Creo que no. Volviendo a Calamandrei, sólo con el correr de los años maduran las virtudes de ponderación y de cordura que constituyen las mejores cualidades de los jueces. Por eso ha sido correcto que las leyes exijan una edad mínima, ciertos años de experiencia profesional y una carrera judicial para llegar a juzgador. La justicia es, pues, una cosa seria.

La seguridad laboral de los juzgadores y que provengan de una sólida formación y experiencia no sólo es un derecho inherente a esos hombres y mujeres en cuyas manos está la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas. También es, y ante todo es, la garantía ciudadana de que podemos acudir a tribunales independientes y profesionales a dirimir las controversias mediante procedimientos bien encauzados y sentencias fundadas y motivadas, en lugar de optar por la violencia o a la ley del talión. Ese es el argumento del paro nacional de empleados, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal: no sólo están defendiendo sus derechos sino también la protección y cuidado de las instituciones, la conservación de la justicia y el amparo de los más débiles. Para los paristas, el dictamen de reformas agrava aún más la iniciativa original pues no sólo se destruye por completo la carrera judicial, sino que se acude a soluciones erráticas que no generarán una mejor justicia, sino todo lo contrario. Ellos y buena parte de los mexicanos rechazan jueces por tómbolas y cartas de recomendación; sin experiencia, ni los aprendizajes del oficio de juzgador. Por ello, la protesta nacional, cuya duración indefinida pondrá en jaque a miles de personas que requieren de justicia, sin embargo ha sido bienvenido por gremios de abogados, litigantes y sectores sociales.

En honor a la verdad, la presidenta Sheinbaum no merece comenzar su administración, que de por sí tiene tantos desafíos, con un problema enorme que hoy no tiene. ¿Qué necesidad de aprobar la reforma judicial en septiembre, más allá del expresado deseo presidencial? Que se haga una reforma integral y profunda al sistema de justicia que incluya todos sus eslabones, desde luego que sí, esa es sin duda la esencia del mandato popular manifestado en las urnas el 2 de junio, pero ello no se logrará con la mera elección de jueces y magistrados, sino con visión de Estado y altura de miras, hasta ahora ausentes.

Abogado penalista

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