Policías y fiscalías son los eslabones iniciales en la cadena de la justicia. Sobre ello escribí en EL UNIVERSAL (1 y 8 agosto, Opinión). Sin embargo, por buena que resulte la intervención policial y la investigación ministerial, poco puede mejorar nuestra justicia si no se transforma al tercer eslabón de la cadena: los abogados. Cualquiera que sea su especialidad, los abogados tienen un rol social significativo como defensores de la justicia. En sus manos está la responsabilidad de defender los derechos de sus clientes, es verdad, pero también, como intérpretes del derecho, su integridad asegura que las normas jurídicas se apliquen de manera correcta y equitativa en protección al Estado de Derecho y para la mejora en la percepción pública de la justicia.
Sin integridad y ética de los abogados, el riesgo de corrupción y abuso de poder aumenta, lo que mina la legitimidad del sistema judicial. Sin la debidas competencia y experiencia, además de vulnerar los derechos que les son confiados, los abogados son causa de deterioro de la confianza en la justicia, lo que no en pocas ocasiones provoca escepticismo, desobediencia civil y violencia como forma de resolver las diferencias. En cambio, la capacidad y el conocimiento de los abogados aseguran que los argumentos sean presentados de manera clara y competente, lo que es esencial para que los jueces puedan tomar decisiones informadas y justas. Así, los abogados tienen un rol social significativo como defensores de la justicia, por lo que su profesionalismo implica no sólo competencia técnica, sino también compromiso ético con la comunidad.
Hay instituciones gremiales como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa que dedican buena parte de sus esfuerzos al fortalecimiento del profesionalismo, la ética y el compromiso social de los abogados. Sin embargo, en muchos casos sus acciones caen al vacío porque en México no existe un sistema de colegiación obligatoria que discipline a los abogados incompetentes o corruptos; los defienda contra los excesos del poder, o bien supervise que los programas académicos para la formación y actualización de abogados sean apropiados y modernos, impartidos por universidades sólidas y profesores con capacidad para inspirar el pensamiento crítico en sus estudiantes; cualidad fundamental de los maestros porque el derecho no sólo se trata de memorizar normas y procedimientos, sino de entender su aplicación, cuestionar su justicia, y considerar su impacto en la sociedad. En estos aspectos, lamentablemente, estamos en déficit y, claro está, en deuda con los participantes en los asuntos en los que intervienen los abogados.
Peor aún, a pesar de la trascendencia del trabajo de los abogados en el fortalecimiento de la justicia,
la reforma que se quiere aprobar este septiembre no dedica una sola línea a la mejora de los servicios jurídicos. ¿Tendremos entonces una alta justicia con tan sólo elegir a nuestros jueces y magistrados? Desde luego que no. Ojalá nuestros futuros legisladores dejen de lado los ánimos de venganza y mejor elaboren una reforma integral a nuestro sistema de justicia que pase también por los abogados.
Abogado penalista.
