El 18 de diciembre pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública ratificó el Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, previamente aprobado por las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública. Este documento tiene como propósito establecer estándares para las investigaciones criminales que llevan a cabo las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, orientar sobre buenas prácticas detectadas en evaluaciones de desempeño policial, y mantenerse adaptable a futuros criterios legales a fin de incorporar mejoras y actualizaciones.
Partiendo de la definición de investigación criminal como el proceso para esclarecer delitos e identificar a los responsables, incluyendo acciones preventivas y operaciones encubiertas, el Protocolo resalta que, aunque una investigación puede no siempre culminar en acción penal, es muy importante para la inteligencia y análisis criminal, así como en la identificación de áreas de alta incidencia delictiva, la toma de medidas proactivas y el apoyo a las víctimas al proporcionar datos relevantes. En este contexto, enfatiza que el inicio de una investigación no debe estar condicionado y que los primeros respondientes no pueden demorarlas por ningún motivo, si bien deben dar prioridad a la preservación de la vida, proteger y entrevistar a víctimas y testigos, identificar y detener sospechosos en flagrancia, asegurar indicios materiales, y, en general, llevar un registro preciso de la escena del crimen y de las acciones realizadas para que no se pierda material importante para la investigación y la eventual condena penal.
Una investigación efectiva, según el Protocolo, se basa en los principios de proporcionalidad, trasparencia, inclusión, respeto a los derechos humanos, así como en la consideración de los aspectos socioculturales locales. En ella, es esencial la cooperación de la comunidad, que puede poseer información clave y material relevante. Las relaciones positivas con la comunidad y confianza, señala, se construyen con el tiempo mediante el compromiso y la corresponsabilidad entre las autoridades y los ciudadanos, y pueden perderse si la comunidad llega a dudar de las instituciones de seguridad y justicia. Por lo tanto, insta a los investigadores a aplicar la ley de manera eficaz y sensible, considerando las prioridades locales en materia de delincuencia y uso de la fuerza, y evitando investigaciones que puedan aumentar las tensiones tanto entre la policía y la comunidad como dentro de la propia colectividad. Estos planteamientos, dirigidos a la reconstrucción del tejido social, me parecen las aportaciones más notables del Protocolo.
El nuevo modelo de investigación criminal, en suma, marca un importante avance hacia la mejora de los procedimientos penales. Su implementación efectiva tiene el potencial de contribuir al desarrollo profesional de los investigadores, fortalecer la confianza comunitaria, reforzar la legitimación del trabajo de las policías y fiscales y, a fin de cuentas, reducir la incidencia delictiva. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacitación y el compromiso de los profesionales de seguridad pública y justicia penal. Lo veremos.