Pocas figuras han generado tanto debate a escala mundial como el presidente Donald Trump, cuya política exterior se caracteriza por decisiones unilaterales y, a menudo, contradictorias. La reciente imposición de aranceles del 25% a México, aunque suspendida temporalmente, es una muestra palpable de un proteccionismo agresivo que, lejos de resolver problemas internos en Estados Unidos, ha exacerbado tensiones y desviado la atención de cuestiones más profundas, como el flujo de armas ilegales que alimenta a la delincuencia organizada en México.
La orden ejecutiva de Trump, en la que se “justifican” los aranceles para proteger la salud de sus connacionales y la seguridad fronteriza, ignora la interdependencia económica y política entre México y Estados Unidos; revela una tendencia a atacar errores ajenos sin reconocer las contradicciones de unas políticas propias que, paradójicamente, generan condiciones propicias para otros tipos de intercambios nocivos, y elude una realidad pura y dura: el fortalecimiento de la delincuencia organizada en México no es un fenómeno aislado, sino también y en buena medida el resultado de políticas y prácticas estadounidenses que facilitan el flujo incontrolado de armamento ilegal de alto poder letal a México.
Según cifras oficiales, las tendencias del tráfico ilícito de armas de fuego de los Estados Unidos a México demuestran un aumento del 63% en armamento recuperado en territorio nacional entre 2017 y 2023; y aunque el arsenal recuperado en México se origina en todos los estados de la Unión Americana, en 2023, la mayoría de las armas rastreadas y recuperadas provenían de Texas (43%), Arizona (22%) y California (9%). Aunado a lo anterior, entre 2017 y 2021, el 74% de los artefactos bélicos rastreados hasta un comprador se originó en los Estados Unidos y detectó en México. Esta situación evidencia una estratagema política que desvía la atención de la urgente necesidad de combatir el tráfico ilícito de armas de alto poder que acaban en manos de la delincuencia organizada y que se usan para dañar a las comunidades mexicanas y estadounidenses. Acá no sólo se trata de ver la paja en el ojo ajeno, sino de enfrentar con determinación las falencias que afectan ambos lados de la frontera.
Es evidente que este nuevo affaire trumpiano no es sólo comercial ni meramente diplomático: es también ético. Persistir en medidas que buscan imponer castigos sin asumir responsabilidades propias es una receta para el fracaso. México no puede -ni debe- tolerar la incongruencia de un discurso que criminaliza al sur mientras se niega a ver la descomposición que emana de su propio sistema. Ni por un mes, ni por cuatro años. Si Trump realmente quiere una frontera segura y una comunidad saludable, debería empezar por limpiar su propia casa y regular el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia que tanto dice querer erradicar; implementar políticas públicas de salud y contra las adicciones, y combatir a las organizaciones criminales internas que distribuyen y venden las drogas y el fentanilo a lo largo y ancho de su territorio. Sin acciones concretas en ese frente, cualquier postura suya no es más que retórica de un bully con poder; una cortina de humo para encubrir la fragilidades estadounidenses.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com
