Al Estado todo le ha salido mal en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa; y como están las cosas, todo parece indicar que le seguirá yendo muy mal: ni prosperarán los procesos penales, ni se conocerá la verdad, ni los familiares de las víctimas quedarán satisfechos.
A partir de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 inició una investigación de enormes alcances con una exigencia social nunca antes vista, en cuyo centro se puso el objetivo de encontrar a los estudiantes y sancionar a quienes planearon y ejecutaron su secuestro, desaparición y muy probable asesinato. Desde el principio se tuvo la certeza, nunca cuestionada, de que participaron grupos delictivos en colusión con autoridades policiales y políticas del lugar. Entonces, bajo las antiguas reglas de la averiguación previa, se desarrollaron diligencias de investigación de todo tipo, unas acertadas, otras producidas por tortura, y se llevó a cabo todo lo que fue necesario para establecer lo más pronto posible una teoría inicial a partir de la que derivara el resto del procedimiento. No obstante y a pesar de que en esas investigaciones participó un grupo de expertos internacionales, el GIEI, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las agencias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron lo propio, la teoría de caso, conocida como “verdad histórica”, fue desestimada por un Tribunal Federal de Tamaulipas a grado tal que inclusive ordenó la creación de una comisión de la verdad que, por cierto, nunca se ha instalado. Así de mal le fue a la Procuraduría General de la República del anterior sexenio.
En cuanto inició la actual administración, se quiso remediar la situación. El 3 de diciembre de 2018 se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en el núcleo de la Secretaría de Gobernación y a partir de ello se designó a un Fiscal Especial proveniente del GIEI. Sin embargo, y pese a sus buenas intenciones, esa Comisión se creyó Ministerio Público y orientó el poder del Estado a perseguir servidores públicos del anterior sexenio que, a su juicio, no hicieron una buena in vestigación. El foco se desvió. Dejó de ser importante localizar a los estudiantes, para en cambio organizar una cacería de brujas en el ánimo de cerrar el caso alegando imposibilidad de resultados por culpa irremediable, no de los responsables, sino de los servidores públicos que no dieron con ellos. El mundo al revés.
Pero tal estratagema también le salió mal al Estado. Ni los familiares de las víctimas, ni la sociedad interesada, cayeron en el anzuelo de creer que el caso puede concluir con el encarcelamiento de quienes no lo resolvieron antes. Por si fuera poco, posterior a las primeras detenciones de exservidores públicos, se solicitó misteriosamente la cancelación de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, dejándose ver con ello una pugna al interior de la Fiscalía General de la República que no se conocía, lo cual llevó a la renuncia del Fiscal Especial y a que nuestro presidente haya terminado por pedir confianza; una confianza que el Estado no ha sabido ni podido ganarse desde hace 8 años.
Todo mal, pues; y pinta para peor
Abogado penalista
@JorgeNaderK
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