El primero de enero suele invitar a los balances y a los propósitos. En México conviene algo más modesto y, al mismo tiempo, más exigente. Ordenar prioridades. No para prometer soluciones inmediatas, sino para decidir qué asuntos no pueden seguir esperando si se quiere que 2026 sea algo más que la continuación automática del año anterior.
Hay una primera urgencia que atraviesa casi todas las conversaciones públicas. La seguridad cotidiana. No la de los grandes operativos ni la de los discursos épicos, sino la que define si un comercio abre, si un transportista circula o si una familia vive con miedo. La extorsión se ha convertido en el termómetro más claro de esa inseguridad. Combatirla exige coordinación, protección real a víctimas y casos que se sostengan en tribunales. Sin resultados ahí, cualquier narrativa de mejora se queda corta.
Muy cerca está la crisis de desapariciones. No es un tema sectorial ni una bandera de grupos específicos. Es una herida abierta que pone a prueba la capacidad básica del Estado. Buscar, identificar, acompañar y dar certeza no debería ser visto como concesión política, sino como obligación elemental. En 2026, fortalecer capacidades forenses y de búsqueda no es una opción presupuestal, es una condición de legitimidad.
Otro eje ineludible es el combate a la corrupción. Con una nueva conducción en la Fiscalía General de la República, se abre una ventana para ordenar esta tarea con criterios claros. Menos anuncios y más sentencias. Menos volumen y más impacto. Priorizar redes que capturan recursos públicos, investigar con método y lograr consecuencias patrimoniales visibles. Cuando la corrupción pierde rentabilidad, algo empieza a moverse en serio dentro del sistema.
La justicia misma enfrenta su propio reto. Las reformas y los cambios recientes colocaron al Poder Judicial bajo una lupa inédita. 2026 debería ser el año de la operación responsable. Reglas claras, profesionalismo, independencia y decisiones que se entiendan. Sin confianza en los tribunales, todo lo demás se encarece, desde la inversión hasta la convivencia social.
En el terreno económico, la prioridad es sostener estabilidad sin resignarse al estancamiento. Inflación, tasas de interés y crecimiento no son debates técnicos aislados, sino variables que impactan empleo, crédito y bienestar. El desafío es generar condiciones para crecer con certidumbre, premiando productividad y formalidad, sin perder disciplina fiscal.
Ligado a ello está el tema energético. Pemex dejó de ser solo una discusión ideológica y se convirtió en un asunto fiscal. Transparencia, disciplina financiera y decisiones de gobernanza serán claves para evitar que la energía siga absorbiendo recursos sin retorno claro. En 2026, la energía debe impulsar competitividad, no comprometerla.
El agua es otra conversación que ya no admite postergación. Sequía, infraestructura y tensiones internacionales muestran que la gestión hídrica será un factor central de estabilidad. Planear, invertir y coordinar es más urgente que polemizar.
Finalmente, el país recibirá al mundo con el Mundial de 2026. Más que un evento deportivo, será una prueba de organización, seguridad y servicios. Puede ser una vitrina de capacidad o un espejo de improvisación.
Estas prioridades comparten un hilo común. La gente no espera milagros, espera seriedad. Cuando el Estado demuestra que puede cumplir en lo esencial, la confianza empieza a reconstruirse. Y sin confianza, ningún año nuevo alcanza para cambiar el rumbo.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com