Los primeros cien días de cualquier gobierno sientan las bases de lo que será su signo distintivo. En el caso de la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, las reformas constitucionales impulsadas sobre el Poder Judicial; en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas; sobre vías de transporte ferroviario; en materia aérea y de energías; sobre igualdad sustantiva; en materia de protección y cuidado animal; sobre bienestar; en materia de vivienda para personas trabajadoras; sobre la Guardia Nacional; en materia de salarios; sobre prisión preventiva oficiosa; y en materia de seguridad pública, investigación e inteligencia, reflejan una visión que busca abordar múltiples problemáticas de larga data con un enfoque progresista y estructural.
No obstante, el gran desafío de esta administración seguirá siendo la seguridad pública y la justicia cotidiana. La violencia en el país no da tregua, y la nueva estrategia presentada en octubre pasado apenas comienza a delinearse en la reforma constitucional que entró en vigor apenas hace unos días sobre seguridad, investigación e inteligencia policial. Estas reformas buscan resultados concretos que disminuyan los índices delictivos, especialmente en lo referente a la delincuencia organizada, pero también promueven una política de seguridad que recupere la confianza en las instituciones policiales, de procuración e impartición de justicia.
En este contexto, no podemos ignorar las críticas a la estrategia de "abrazos, no balazos" que marcó el sexenio anterior. Aunque su objetivo de reducir la violencia estructural mediante la prevención fue loable, la falta de resultados generó un clima de incertidumbre y escepticismo. Por ello, el nuevo gobierno ajustó el rumbo con la implementación de políticas y acciones concretas de enfrentamiento a la delincuencia en campo y la investigación efectiva de los delitos a cargo de las policías, sin caer en respuestas simplistas ni en la tentación de la militarización excesiva. Estas acciones ya han comenzado a rendir resultados, como las detenciones de líderes de organizaciones delictivas, decomisos históricos de drogas sintéticas, la “Operación Enjambre” dirigida a redes de funcionarios corruptos del Estado de México, y las campañas de desarme voluntario.
Aunque aún insuficientes, estos resultados marcan el rumbo que seguirá la administración de la presidenta Sheinbaum sobre seguridad pública, investigación e inteligencia, pero siempre y cuando las decisiones políticas se mantengan y el Congreso de la Unión legisle las reformas a la Ley de Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, entre otras incluidas en la agenda legislativa que impulsa el gobierno federal.
Los retos que enfrenta esta administración no deben ser subestimados. Los avances logrados en los primeros cien días en seguridad pública son alentadores, pero el verdadero éxito dependerá de su capacidad para sostener el esfuerzo. Los próximos meses serán esenciales para consolidar las reformas legales y operativas necesarias y que se cumpla el adagio según el cual el éxito no es obra de la improvisación, sino de la constancia en el esfuerzo y la claridad de propósito.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com
