Inicia 2025 y México enfrenta tres retos principales: las presiones de Donald Trump, la elección judicial y la negociación del TMEC.
El nuevo presidente estadounidense representa uno de los mayores desafíos que enfrentará el gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum. La frontera sur de México se convierte en el epicentro de la política migratoria de Estados Unidos. Durante el pasado mandato de Trump, México se transformó en una barrera de contención y desplegó efectivos de la Guardia Nacional.
Ahora, el mandatario estadounidense exige medidas aún más drásticas para frenar la «invasión» migratoria. Al mismo tiempo, Trump vincula al gobierno mexicano con la crisis del fentanilo, un problema que también refleja el fracaso de Estados Unidos en controlar su demanda interna.
En un contexto de polarización política, el partido en el poder podría usar la figura de Trump para justificar tropiezos gubernamentales o decisiones controvertidas, como la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos.
Incluso, las tensiones con Estados Unidos pueden utilizarse para alimentar discursos anti Estados Unidos para desviar la atención de problemas internos.
Ahora, la reciente reforma judicial en México se aprobó bajo la premisa de modernizar la estructura de la judicatura y garantizar mayor imparcialidad. Sin embargo, debe adaptarse a un sistema judicial que lleva años de saturación y es simultáneo a cambios procesales en el derecho penal, laboral, mercantil, civil y familiar.
Desde 2016, el sistema judicial mexicano presenta un proceso de cambio significativo con la implementación del sistema penal acusatorio. El objetivo fue reducir la corrupción y aumentar la transparencia en los juicios. No obstante, la transición fue lenta y los problemas estructurales se evidencian en áreas clave como policías, fiscalías y servicios forenses. Éstos aún no alcanzan los estándares requeridos para operar óptimamente bajo el nuevo sistema.
La justicia laboral, por otro lado, arrancó una transformación que busca desjudicializar los conflictos laborales, con centros de conciliación que ofrecen una vía rápida y accesible para resolver disputas. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se estancan, sin el impulso suficiente para consolidarse.
A esto se suma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma que pretende unificar los procesos en el país y simplificar el acceso a la justicia. Este nuevo código, que entrará en vigor en 2027, obliga a los estados a adaptar sus sistemas judiciales y capacitar a su personal en los nuevos procedimientos.
Con un sistema judicial en transición y varias reformas que aún no concluyen, la nueva reforma judicial llega como un cambio de gran escala. Su objetivo de renovar la judicatura y otorgar mayor control al Ejecutivo sobre el Poder Judicial genera tanto expectativas como incertidumbre. En principio, busca agilizar el acceso a la justicia y reducir la corrupción mediante nuevas formas de designación de jueces y magistrados.
Sin embargo, quienes impulsaron la reforma no previeron el complejo contexto en el que se implementará. La justicia procesal y la reforma judicial no son independientes: la falta de recursos y los conflictos de competencia podrían desencadenar una crisis en el sistema judicial.
De manera simultánea, en la renegociación del TMEC, en México se advierten distintos obstáculos como las modificaciones en las reglas del sector automotriz y el conflicto relacionado con el maíz transgénico.
Un año lleno de incertidumbres e innumerables retos sin duda.
Rector del Colegio Jurista
