Las universidades juegan un papel clave en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia. Sin embargo, hay desafíos pendientes que podrían fortalecer aún más su impacto.

Entre las asignaturas pendientes encontramos:

Educación cívica y ética: No todas las universidades priorizan la enseñanza de valores democráticos, participación ciudadana y derechos humanos. Incorporar estos temas de manera transversal en distintas disciplinas es esencial.

Libertad de expresión y debate abierto: Fomentar espacios donde se discutan ideas diversas sin censura ni represalias es fundamental para formar ciudadanos que defiendan la pluralidad y el pensamiento crítico.

Vinculación con la sociedad: Las universidades no deben ser islas de conocimiento aisladas de los problemas del país. Programas de servicio social, investigación aplicada y colaboración con comunidades pueden fortalecer la cultura democrática.

Acceso equitativo y diversidad: La democracia se fortalece cuando todas las voces son escuchadas. Asegurar que personas de distintos orígenes socioeconómicos, culturales y geográficos tengan acceso a la educación superior es clave.

Transparencia y gobernanza interna: La forma en que las universidades gestionan sus recursos y toman decisiones también refleja valores democráticos. Modelos de gobierno participativos y rendición de cuentas interna pueden reforzar su papel ejemplar.

Si las universidades asumen estos retos, pueden convertirse en verdaderos semilleros de ciudadanos preparados para defender y fortalecer la democracia.

Debemos considerar que el Derecho es la columna vertebral de la democracia, pues establece las reglas del juego y garantiza la protección de los derechos fundamentales. Sin un marco legal sólido, el sistema democrático se debilitaría y daría paso a la arbitrariedad.

Algunas de las funciones clave del Derecho son:

Protección de los derechos humanos: La democracia se basa en la libertad y la igualdad. Las leyes aseguran que estos principios sean respetados.

División de poderes: Un Estado de Derecho impide la concentración excesiva de poder. Promueve un sistema de pesos y contrapesos.

Elecciones justas y transparentes: La legislación electoral garantiza procesos libres, evita fraudes y manipulaciones.

Resolución de conflictos: Los tribunales y mecanismos legales permiten solucionar disputas sin recurrir a la violencia.

Ahora, la democracia juega un papel clave en varios procesos dentro de la reforma judicial, especialmente cuando se busca aumentar la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados.

Aquí algunos de los puntos donde su impacto es fundamental: Selección democrática de jueces, transparencia y rendición de cuentas, control legislativo y ciudadano y garantía de independencia judicial.

Rector del Colegio Jurista

Jorge Manrique

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