México sostiene que las armas estadounidenses son causantes de la violencia en nuestro país. Contra lo que algunos piensan, no se trata de una ingeniosa construcción del obradorato sino de su némesis, el calderonato. La tesis de Calderón era que la expiración de la prohibición de armas de asalto semiautomáticas en EU había sido el detonador del crecimiento exponencial de la violencia en México. No solo las fechas no coinciden (2004 y 2008, respectivamente), sino que la afirmación parte de una premisa equivocada porque las armas son instrumento, no causa de la violencia. Tampoco es verdad que a menos armas estadounidenses menos violencia. Cuando EU logró detener el flujo de drogas provenientes de Sudamérica, comenzaron a llegar desde México. Mutatis mutandis, si se lograra parar el trasiego de armas estadounidenses, el crimen organizado las sustituiría por otras de orígenes alternativos. Drogas y armas son claros ejemplos de demanda inelástica.
Por más de medio siglo, sucesivos gobiernos estadounidenses de ambos signos políticos han culpado a otros países de su incapacidad de controlar y reducir el consumo de drogas. Más recientemente, el gobierno mexicano ha utilizado una táctica espejo: culpar a EU de su incapacidad de controlar y reducir la violencia. Ambos planteamientos son claramente cuestionables. Cada vez más explícitamente, el gobierno mexicano ha respondido a las críticas estadounidenses argumentando que, si bien México tiene responsabilidad de la salida de las drogas de su territorio, EU es culpable de su ingreso y circulación en ese país. Si ello es cierto, también lo es en el caso de las armas. En efecto, EU podría hacer mucho más para controlar la venta y contrabando de armas en su territorio, pero la responsabilidad de impedir su ingreso y circulación en nuestro país es del gobierno mexicano. En cualquier caso, las tácticas espejo han sido exitosas políticamente ya que las sociedades de ambos países han comprado las narrativas de sus gobiernos: la culpa es del otro.
El sistema judicial estadounidense permitió al gobierno mexicano recurrir a sus cortes para acusar a los fabricantes de armas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito hacia las bandas criminales. La demanda logró sortear varias instancias hasta que la semana pasada se topó con la Suprema Corte de Justicia de EU, que parece inclinarse por bloquearla. Pese a ser una iniciativa muy ingeniosa desde el punto de vista político, exige una compensación económica que tendría muy pocos efectos en materia de seguridad. Dado el interés y orgullo nacionalista que generó, la presidenta Sheinbaum advirtió que ampliaría la demanda si se designaban los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, argumentando complicidad de las armadoras. Quizás sea mejor que no ocurra porque podría abrir una caja de Pandora: si las armadoras son cómplices de organizaciones terroristas, México también lo podría ser por permitir, ya sea por acción u omisión, que esas mismas armas lleguen a manos de esos mismos terroristas.
Tras años de demagogia tendría que haber quedado claro que la única manera de cerrar el paso de armas estadounidenses a nuestro país es que las autoridades mexicanas hagan mucho más al respecto. Tal vez, como ha sugerido Carlos Puig, deberían intentarlo, más ahora que parece que el péndulo se ha corrido de “abrazos no balazos” al extremo opuesto.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos @amb_lomonaco