El Mundial ha acaparado, para bien o para mal, la atención de la opinión pública. Quizás por ello los últimos acontecimientos relacionados con México en la Corte Penal Internacional (CPI) han recibido menos atención de la que merecen. Para que la CPI abra una investigación en algún Estado parte es necesario que los crímenes que se denuncien correspondan con la jurisdicción de la Corte —que son únicamente cuatro (genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión)— y que el Estado en cuestión no quiera o no pueda perseguirlos. No es una u otra, sino ambas condiciones. Hasta ahora todas las peticiones presentadas con respecto a México ante la CPI habían sido desechadas, desde aquella introducida contra Calderón por quien actualmente es asesor de una ministra de la SCJN, hasta la de morenistas acusando a su hoy aliado, Osorio Chong. En la gran mayoría de los casos no se trataba de crímenes bajo jurisdicción de la CPI, mientras que en la demanda de 2012 no se cumplió con el principio de complementariedad, que estipula que la Corte actúa solo como último recurso ante la incapacidad de las autoridades nacionales.
En contrate, es altamente probable que la sólida demanda interpuesta hace unos días por el PAN sea admitida por la CPI. Los peticionarios argumentan que los cientos de miles de muertos y desaparecidos atribuidos al crimen organizado constituyen crímenes de lesa humanidad, que han adquirido un carácter cuasi-estatal por la cesión de facto por parte del Estado a la delincuencia (‘abrazos, no balazos’) y que, extrapolando la tesis del Comité de Desapariciones Forzadas, altos funcionarios podrían ser responsables debido a la aquiescencia —concepto clave— del gobierno ante dichos actos de violencia, particularmente entre 2018 y 2025. Por su parte, la reforma judicial y la consiguiente captura de ese poder por Morena es utilizada para argumentar que las cortes mexicanas no pueden ni tienen voluntad de investigar y procesar a López Obrador y otros posibles responsables de dichos crímenes, con lo que se cumpliría la segunda condición para que la CPI pueda ejercer jurisdicción.
De admitir la demanda, la Fiscalía de la CPI abriría la primera investigación preliminar sobre México, colocando a nuestro país en la triste compañía de poco más de una docena de naciones que, en su mayoría, están o han estado sometidas a conflictos armados, tales como Afganistán, Nigeria, Palestina-Israel, Ucrania-Rusia, Sudán o Venezuela. Entre otras consecuencias, se confirmaría además que nuestro país sufre un conflicto armado interno. En caso de estimar que hay “bases razonables”, el siguiente paso sería declarar a México como Situación Activa bajo investigación exhaustiva. De encontrar evidencias suficientes, la Fiscalía podría entonces solicitar a una sala de la CPI integrada por tres jueces la expedición de las órdenes de aprehensión que correspondan contra los posibles responsables. En su caso, López Obrador se uniría a una ignominiosa lista de acusados de cometer los peores crímenes contra la humanidad que incluye a Lubanga, Al-Bashir, Gaddafi, Dutarte, Putin y Netanyahu. Toda una transformación para México.
Apostilla. Como ex representante de México ante la CPI y vicepresidente de su Asamblea de Estados Parte, dadas las circunstancias que vive nuestro país, he decidido sumarme a la demanda como peticionario. No podía ser de otra manera.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco
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