“Él se lo buscó, quién le manda a consumir drogas, ahora que se espere”, dijo un médico en una sala de urgencias al ver un paciente con una herida en la cabeza producto de una caída mientras estaba intoxicado. Esta frase, pronunciada con frialdad, revela una actitud que no sólo es común, sino peligrosa: la idea de que el consumo de drogas convierte a la persona en alguien menos digno de cuidado, respeto y compasión.
La adicción al alcohol y a otras drogas es un problema complejo, que tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y cuyas consecuencias pueden ser devastadoras, incluso fatales. Los daños no sólo afectan a quien consume, sino también a sus familias y a la comunidad. En el caso de México, el consumo de drogas está despenalizado, pero la producción, venta y distribución siguen siendo delitos., ¿En qué lugar quedan, entonces, los derechos humanos de las personas con adicción?
Aquí surge la pregunta central: ¿Qué hace a alguien digno de derechos? ¿Su conducta? ¿Su nivel económico? ¿Su capacidad de control? Las adicciones nos obligan a reconsiderar nuestra definición de humanidad. Cuando vemos a una persona consumiendo en la calle solemos pedir que “la quiten”, no que “la ayuden”. Preferimos mirar hacia otro lado. Pero los derechos humanos son inalienables y universales. La dignidad humana no se extingue —ni siquiera en el umbral de la adicción.
Al conversar con la Dra. Xóchitl de San Jorge Cárdenas, especialista en derechos humanos y adicciones, ella identifica cuatro retos esenciales para la atención de las adicciones en México:
Cambio de paradigma
Desde siempre se ha abordado la adicción desde un enfoque punitivo y moralista: se ve como una falla ética o un defecto de carácter. Ese modelo, además de obsoleto, ha demostrado ser ineficaz y cruel. Hoy sabemos, que es un problema de salud pública, sumamente complejo, porque es producto de factores biopsicosociales que interactúan de distinta manera en cada individuo que decide consumir cualquier sustancia psicoactiva. Los avances en neurociencias, demuestran que el trastorno por uso de sustancias tiene un origen biológico muy importante y que afecta procesos esenciales del cerebro. Lo anterior nos permite afirmar que sin una comprensión integral de la adicción, se perpetúa el estigma y cualquier posibilidad de tratamiento efectivo se vislumbra imposible.
Prevención
Reconociendo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad existe, es indispensable asentar que su ejercicio requiere un cerebro sano y desarrollado conforme a la edad de cada persona y de herramientas emocionales y cognitivas sólidas. Nuevamente, las aportaciones científicas hechas desde las neurociencias nos permiten asegurar que el cerebro adolescente está en construcción y es particularmente vulnerable a las sustancias adictivas. Como explica el Dr. Jorge Sánchez Mejorada Fernández, se necesita un modelo integral de prevención que acompañe a niñas, niños y jóvenes a desarrollar habilidades socioemocionales y pensamiento crítico antes de la exposición al consumo, y que contemple también otros factores de protección como son una paternidad y maternidad responsables, presentes y con límites basados en una disciplina saludable, así como escuelas con enfoques humanistas e incluyentes, que busquen el desarrollo de cada uno de sus estudiantes.
La prevención efectiva —como señala NIDA— no es moralizar, sino informar con base en la ciencia y acompañar en comunidad. Cuando falta prevención basada en evidencia, se vulnera el derecho a la salud de los jóvenes, no porque consuman, sino porque no se les dieron los recursos para decidir mejor.
El Estado y las organizaciones civiles que actúan en el campo de la prevención, deben asumir el compromiso de evaluar periódicamente sus políticas, programas e intervenciones, para no desperdiciar tiempo y recursos en una tarea que no ha sido validada ni mejorada como producto de una revisión sistemática rigurosa.
Tratamiento
En 2023 en México, 180 mil personas pidieron ayuda profesional para atender su adicción, pero el país sólo cuenta con 30 centros públicos de internamiento y 160 privados que se ajustan a las normas establecidas.,, Frente a esta insuficiencia prolifera una diversidad enorme de “centros de tratamiento” que son conocidos como “anexos”, que carecen de personal profesional o capacitado, que cuentan con instalaciones inadecuadas y que operan sin vigilancia ni regulación, en donde se atiende a personas de todas las edades, muchas veces en contra de su voluntad, que suelen ser víctimas de abusos y humillaciones que vulneran sus derechos humanos.
El Dr. Sánchez Mejorada resume este problema de forma precisa: “todos tenemos derecho a la salud y a la atención médica, pero la recuperación es un acto de libertad, en el cual la persona elige el tratamiento a pesar de sus ambivalencias y resistencias”. La evidencia indica que el internamiento involuntario rara vez funciona: no se puede obligar a alguien a querer vivir.
También existen 341 centros de tratamiento que ofrecen opciones ambulatorias, que pertenecen al sector público. Sin embargo, debido a su distribución geográfica y a su número reducido, suelen estar rebasados por la demanda.
La escasa oferta de servicios de atención y tratamiento por el uso de sustancias, su ubicación y su costo además de otros factores como el sexo, el estigma y la propia adicción, constituyen barreras para el acceso al tratamiento.
Reducción del daño
Existe un porcentaje importante de la población que consume sustancias psicoactivas y que, por diversas razones, no puede o no desea dejar de hacerlo; estas personas suelen quedar fuera del radar de las instituciones públicas, privadas y sociales que ofrecen tratamiento para las adicciones, así como de otros servicios de salud. La reducción del daño, como enfoque de política pública, busca disminuir los riesgos y consecuencias negativas asociados al consumo de drogas en esta población, partiendo del respeto a la dignidad y los derechos humanos, y promoviendo cambios positivos sin exigir abstinencia. Ejemplos de estos programas son las campañas permanentes contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol que ha reducido el número de accidentes viales; el uso de jeringas estériles y no compartidas en personas que consumen drogas inyectables para reducir muertes y contagios de VIH y otras infecciones de transmisión sexual; o el de sustituir heroína que se consume por vía intravenosa con metadona uso por vía oral para reducir riesgos inmediatos y facilitar el camino a la abstinencia futura como alternativa que cada persona puede elegir.
La reducción de daño no implica aceptar el consumo de sustancias como una actividad recreativa inocua; por el contrario, hoy sabemos —con evidencia científica sólida— que no existe consumo “seguro” de drogas ni de alcohol, pues toda ingesta de sustancias psicoactivas conlleva riesgos y provoca algún nivel de daño. La diferencia está en cómo lo abordamos: minimizarlo, ignorarlo o reconocerlo para intervenir de manera más efectiva y humana.
El respeto a la dignidad humana es el punto de partida. Una sociedad que responde al adicto con castigo o indiferencia está fallando. Las personas con adicción no pierden sus derechos; pierden el control sobre el consumo de una sustancia, y sus vidas se vuelven ingobernables. Y cuando una persona está más vulnerable, la sociedad debe tratarlo como lo que es, persona, con dignidad y respeto.
Fundador del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix