Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es que la convivencia de los habitantes de las ciudades se ha modificado. Por ello, debemos readecuar el panorama urbano y la infraestructura, buscando más espacios públicos y áreas verdes, mejorar el transporte, la vivienda, la movilidad y plantearnos cómo las reconvertimos en ciudades vivibles y autosuficientes.
Recientemente se realizó en Querétaro la Primera Reunión del Consejo Consultivo Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México (CONARED), promovida por la maestra en Arquitectura Romy Rojas Garrido, en la que se trataron puntos de gran relevancia en planeación territorial, movilidad, participación ciudadana, diseño urbano, zonas metropolitanas, conurbaciones interestatales, legislación y políticas públicas.
El CONARED, que será un cuerpo consultor para los 32 secretarios de Desarrollo Urbano del país y el Poder Legislativo, busca fomentar el diálogo, apoyo y comunicación entre todos los sectores sociales, promoviendo el intercambio de experiencias.
En esta reunión se identificaron algunos problemas que propiciaron un desarrollo urbano desordenado. El primer paso es lograr que escuchen quienes toman decisiones en el ámbito de la política urbana del país a nivel nacional y local, para lograr mejores políticas públicas y que éstas tengan continuidad.
Los vacíos en la legislación y la rotación de funcionarios generaron lagunas que permitieron a las inmobiliarias, sin responsabilidad social, y en algunos casos coludidas con funcionarios, construir vivienda e infraestructura urbana en zonas alejadas de las ciudades, sin una adecuada planeación.
Es importante que los municipios que no cuenten con legislación urbana la tengan en el corto plazo para evitar que sigan trabajando aisladamente en zonas metropolitanas y conurbaciones.
Un problema de los gobiernos estatales y municipales es la falta de financiamiento como instrumento para el reordenamiento territorial, ya que no se consideran las potencialidades de las regiones, ni cómo impacta la inversión pública y privada en la generación de plusvalías. Una herramienta adecuada, sería la actualización permanente de los catastros, para lo cual las autoridades locales deben utilizar tecnología como la información satelital y cartografía con drones.
Además, las participaciones federales establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) no son aprovechadas adecuadamente por las autoridades locales; un ejemplo es que el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se dispersan y pierden en microacciones, debido a que no hay un plan rector y también por la falta de capacidad administrativa para ejercerlos, lo que genera que se tengan subejercicios presupuestales cada año de hasta el 30% de esas aportaciones federales.
Por ello, se debe fortalecer y capacitar técnicamente a las autoridades locales para atraer, generar recursos y ejercer adecuada y oportunamente sus presupuestos.
Es necesario ampliar la visión de largo plazo, creando Institutos de Planeación locales y metropolitanos, ya establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Lo anterior, considerando la reforma aprobada en la LXIV Legislatura y que impulsó el diputado y arquitecto Carlos Alberto Morales Vázquez.
Por último, coincido plenamente con la opinión de la maestra Romy Rojas, en el sentido de crear conciencia sobre la gran importancia que el desarrollo urbano tiene en el comportamiento social y el desarrollo económico de las comunidades.
Coordinador del Comité de Desarrollo Urbano Sustentable del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
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Email: ing.jorge.jimenez.a@gmail.com
