En fechas recientes, estalló una crisis de gobernabilidad en las principales universidades de los EUA, motivada en buena medida por cientos de detenciones a estudiantes que han montado campamentos en protesta contra sus propias universidades, por considerar que mantienen relaciones con empresas de armamento que ayuda a Israel en el conflicto bélico contra Hamas, y que de manera indirecta forma parte de los ataques contra civiles indefensos en los que han muerto cerca de 34 mil inocentes, entre otras peticiones. Dichas protestas han suscitado un contexto de creciente polarización y tensiones sociales que no encuentra solución hasta el momento.
Por su parte, las autoridades universitarias han recurrido a las instancias de policía local, para remover y detener a los estudiantes, suspenderlos de la universidad y, en algunos casos, quitarles el alojamiento en donde viven, ya que la Universidad es propietaria del mayor número de departamentos que ofrece vivienda a los estudiantes, bajo la imputación de que han violentado las reglas universitarias de seguridad.
¿Se puede resolver el conflicto estudiantil sin necesidad de recurrir a medidas coercitivas? Con independencia del pliego petitorio que exigen los estudiantes sea cumplido, en cuyo caso hay algunos temas que son totalmente ajenos a las universidades, en el fondo están de por medio los derechos constitucionales a libertad de expresión, petición, asociación, reunión, debido proceso de ley, el derecho a la protesta y el derecho a la discrepancia, el derecho a la seguridad y a la no discriminación por razones religiosas o de cualquier otra índole. Para algunos académicos de la Universidad de Columbia, también se debe de proteger la libertad de catedra, la libertad académica.
Las detenciones policiales contra los estudiantes lo único que han logrado es escalar el conflicto y aumentar el número de seguidores en otras universidades. Por ello, en la Universidad de Columbia, al menos, han abierto un espacio de diálogo entre autoridades y manifestantes para lograr un acuerdo consensuado que por un lado respete los derechos de los estudiantes y por el otro se restituya la seguridad y libere los espacios comunes para uso de toda la comunidad, ya que en breve se llevarán a cabo las graduaciones de fin de ciclo escolar.
Los incidentes recientes subrayan la complejidad de garantizar derechos para unos y para otros, con un muy delicado equilibrio que debe armonizar y no polarizar y enfrentar. Las instituciones educativas en los Estados Unidos están siendo desafiadas a encontrar un sano balance entre permitir el debate y proteger a sus estudiantes de potenciales daños o altercados.
En resumen, la libertad de expresión es fundamental para el ejercicio pleno de otros derechos civiles. En los Estados Unidos, la Primera Enmienda garantiza esta libertad, aunque al igual que en todas las democracias, hay límites. En una serie de casos emblemáticos, la Corte Suprema de los Estados Unidos a lo largo de los años ha ayudado a definir qué tipos de discursos están protegidos bajo la ley y cuáles no. Ejemplo de estos últimos es el material obsceno como la pornografía infantil, el plagio de material con derechos de autor, la difamación, las amenazas y el discurso que incita a acciones ilegales o solicita a otros que cometan delitos.
El derecho a expresar libremente ideas y opiniones debería ser la prioridad de cualquier institución que busca fomentar el pensamiento crítico de sus futuros profesionistas. Por ello, una respuesta que respete los derechos de todos los integrantes de su comunidad universitaria ante los eventos actuales será crucial para determinar el futuro de las protestas y del derecho a discernir y discrepar en un lugar en donde la primera regla de los responsables por enseñar, es intentar educar con pensamiento riguroso, independiente y libre.
Cónsul General de México en Nueva York.
@Jorge_IslasLo