De todos los mexicanos que viven en los EU, muy probablemente son los trabajadores del campo los que tienen mayores complicaciones y adversidades en su lucha por mejorar su condición de vida y la de sus familias. Sólo por dar un par de datos, trabajan en promedio 70 u 80 horas a la semana, casi todos los días, con muy poco tiempo para descansar y distraerse. Se les paga entre 11 y 13 dólares la hora, según el empleador y la granja de que se trate. Obvio sin derechos ni prestaciones laborales que les permitan hacer valer, en lo general, su importante aportación a la economía regional y nacional de los EU. Hasta en las mejores democracias puede pasar que el trabajador sea explotado sin misericordia.
Por fortuna hay una nueva legislación: la nueva Ley de Justicia Laboral para Trabajadores Agrícolas de NY, que se mantuvo en “la congeladora” del Comité de Trabajo del Senado del Estado por 20 años. Muchos intereses en contra de los derechos de los trabajadores pudieron parar, pero no para siempre, una legislación vital para ofrecer dignidad y justicia a los campesinos de la región, que son en su mayoría de origen mexicano.
Con el apoyo del gobernador Andrew Cuomo para favorecer los derechos de estos trabajadores, la ley fue aprobada finalmente en julio de este año. Entre otras aspectos, se reconoce a los trabajadores agrícolas el derecho a la negociación colectiva, el derecho a formar un sindicato, prestaciones sociales, beneficios de desempleo, pago de horas extras, 24 horas consecutivas de descanso cada semana y un código sanitario para las granjas que albergan trabajadores, entre otros.
En palabras de la senadora Jessica Ramos, última patrocinadora de la ley en el Senado de Nueva York, ésta corregirá una injusticia histórica que constituye un remanente de la época de las “leyes de Jim Crow”, reconociendo que los trabajadores agrícolas tienen derechos como cualquier otro trabajador.
Confirmando lo anterior, en el litigio en contra del estado de Nueva York por parte del mexicano Crispín Hernández, la New York Civil Liberties Union (NYCLU) argumentó en favor de éste que la anterior Ley del Estado de Nueva York sobre Relaciones Laborales (SERA, por sus siglas en inglés) viola el Artículo 1, Sección 17, de la constitución estatal, precepto que garantiza a los trabajadores el derecho a organizarse y negociar colectivamente. Esta ley, adoptada en 1937, perpetuaba la discriminación predominante de su tiempo contra el sector laboral agrícola, que era afrodescendiente casi en su totalidad. Actualmente, la discriminación contra el sector no blanco también existe, ya que la mayoría de los trabajadores agrícolas provienen principalmente de México y Centroamérica.
Las ganancias multimillonarias por las ventas de productos agrícolas y lácteos en Nueva York dependen de la ardua labor de trabajadores inmigrantes, ya que es difícil que haya trabajadores blancos que quieran hacer esta actividad. Y aunque muchos de los trabajadores pertenecen a programas de visas temporales, la mayoría de los patrones contratan trabajadores indocumentados para evitar el costo del programa y el pago de impuestos, así como el otorgamiento de prestaciones sociales y económicas. De ahí la resistencia.
Según un estudio realizado por organizaciones no gubernamentales en 2017, algunos abusos consisten en largas jornadas con descansos de pocos minutos y bajos salarios; falta de entrenamiento para lidiar con animales agresivos, maquinarias en mal estado y productos químicos sin equipo de protección; falta de atención en caso de accidentes de trabajo; y condiciones de vivienda insalubres y sin servicios básicos, entre otros.
La nueva ley es una esperanza hacia el futuro para dar un poco más de certeza, seguridad y dignidad a nuestros campesinos mexicanos que trabajan los campos de EU. También es una oportunidad para limitar el exceso en la ambición y codicia de unos cuantos a costa de la indigna explotación de muchos.
Consulado de México en Nueva York.
@Jorge_IslasLo
