Niños sin padres

«La forma en que tratamos a los niños es la medida más clara del nivel moral de una sociedad.»

Nelson Mandela

La política migratoria de Donald Trump ya produjo una cifra devastadora. Más de 145 mil niños estadounidenses han vivido la detención de al menos uno de sus padres desde enero de 2025. Más de 22 mil atravesaron la captura de ambos. El informe de Brookings Institution, organización sin fines de lucro que investiga fenómenos de las ciencias sociales con reconocido rigor, con sede en Washington D. C., revela algo perturbador. Estados Unidos carece de registros precisos sobre el destino de esos menores. El Departamento de Seguridad Nacional apenas contabilizó 18 mil padres detenidos con hijos ciudadanos estadounidenses durante el año fiscal 2025, aunque el estudio considera que esa cifra representa apenas una fracción de la realidad. La potencia que monitorea fronteras con inteligencia artificial, bases biométricas y vigilancia masiva carece de un sistema confiable para saber dónde terminan los hijos de las personas arrestadas.

Cuando un menor queda sin padres o tutores legales en Estados Unidos, es considerado legalmente un “menor no acompañado” y pasa a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que lo ubica en albergues, hogares temporales o con familiares mientras se resuelve su situación migratoria. Son ubicados en las denominadas “jaulas” cuando se encuentran en centros temporales de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP), donde los menores permanecen separados de adultos y familias antes de ser transferidos. En el caso de niños nacidos en Estados Unidos, aunque sus padres indocumentados sean deportados, ellos conservan el derecho legal de permanecer en el país, generalmente bajo el cuidado de familiares o personas de confianza.

El problema comienza desde el procedimiento mismo. Las directrices del ICE establecen que los agentes deben preguntar a los detenidos si tienen hijos y coordinar alternativas de cuidado. En la práctica, muchos migrantes evitan mencionarlos por miedo a empeorar su situación. Otros denuncian que jamás fueron consultados. La consecuencia aparece en escenas repetidas desde hace meses. Padres detenidos camino al trabajo. Madres arrestadas frente a sus hijos. Deportaciones aceleradas sin margen para organizar custodias, documentos o traslados. La mayoría de los menores queda fuera de cualquier estructura formal de protección. Apenas el cinco por ciento de los niños que sufrieron la detención de ambos padres recibió atención del sistema de bienestar infantil. El resto terminó bajo cuidado improvisado de familiares, amigos o hermanos mayores. Muchas veces, esas redes también viven bajo amenaza migratoria o atraviesan precariedad económica extrema. El Estado ejecuta la separación y delega la supervivencia posterior en hogares saturados por el miedo y la pobreza, sin mencionar que la separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar diversos problemas de salud y psicológicos. Ansiedad severa, depresión infantil, alteraciones del sueño, deterioro escolar, estrés postraumático. Miles de menores estadounidenses crecen bajo la posibilidad cotidiana de regresar de la escuela y encontrar que sus padres desaparecieron.

Brookings documenta una dinámica todavía más alarmante. Varias agencias de protección infantil prefieren evitar registros detallados sobre hijos de migrantes detenidos por temor a agravar su situación legal. La omisión institucional se convierte así en política informal. Mientras menos información exista, menor será la responsabilidad pública frente a las consecuencias. En ese vacío proliferan historias devastadoras. Una niña de tres años sufrió abusos sexuales en la casa de acogida donde fue enviada tras la deportación de su madre. El padre permanecía en Estados Unidos intentando recuperarla. Otro caso terminó con la muerte de Orlin Hernández Reyes, también de tres años, después de ser entregado a un tío tras la expulsión de su madre a Honduras. La autopsia reveló fracturas múltiples, quemaduras y señales de agresión sexual.

El punto más inquietante consiste en que estas tragedias aparecen dentro de un sistema que ya prevé su existencia. Brookings advierte que más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven actualmente con un padre en riesgo de deportación. Cerca de 2,5 millones podrían enfrentar la detención de todos los adultos responsables de su hogar. El Congreso aprobó además 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de detención migratoria. Hay presupuesto para encerrar personas. Falta estructura para proteger a los hijos que quedan atrás.

Existe además una contradicción política difícil de ocultar. La administración Trump asegura ofrecer a los padres deportados la posibilidad de llevarse a sus hijos para evitar separaciones. Organizaciones civiles y testimonios judiciales muestran algo distinto. Muchos migrantes denuncian deportaciones sin información clara, sin tiempo para trámites básicos o sin recursos económicos para trasladar a los menores. Otros casos registran justamente el fenómeno inverso. Niños estadounidenses expulsados junto a sus madres, aunque ellas deseaban que permanecieran en territorio estadounidense. Se ha expuesto una maquinaria estatal que captura adultos sin asumir plenamente el destino de los hijos. La separación ya dejó de ser un accidente administrativo. Funciona como parte estructural del sistema.

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