«La seguridad no es solo la ausencia de crimen, sino la presencia de justicia, inteligencia y coordinación.»
Claudia Sheinbaum
La seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda nacional tras la reunión que sostuvo la presidenta con los gobernadores del país, en el marco de la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.
En ese encuentro, los mandatarios estatales y el gobierno federal acordaron emprender una estrategia integral contra el crimen organizado, bajo un esquema de coordinación sin precedentes. La presidenta destacó que la política de seguridad no puede limitarse a la contención, sino que debe incorporar un fortalecimiento integral de las capacidades del Estado. Los gobernadores se comprometieron a armonizar sus leyes locales con la estrategia federal y a garantizar que, en cada entidad, se privilegie la atención a las causas, la inteligencia y la investigación como ejes fundamentales.
El acuerdo incluye medidas concretas. En primer lugar, se incrementará en 25% el número de policías estatales y municipales, acompañado de un aumento del 30% en el personal de ministerios públicos. Con ello, se busca revertir la debilidad estructural de las corporaciones locales, que durante años operaron con recursos limitados y altos niveles de vulnerabilidad frente al crimen organizado. Además, se reforzarán los sistemas de inteligencia y los mecanismos de investigación, reconociendo que la fuerza policial, por sí sola, no basta para contener a organizaciones criminales que hoy operan con estructuras sofisticadas y transnacionales.
El contexto internacional añadió una dimensión particular a la reunión. Apenas un día después, el senador estadounidense Marco Rubio visitó México para firmar un nuevo acuerdo de seguridad bilateral. El documento, presentado como un esfuerzo conjunto para enfrentar amenazas comunes, reafirma principios de
reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua.
Ambos gobiernos acordaron trabajar bajo una lógica de cooperación reforzada entre sus cuerpos de seguridad, con énfasis en la vigilancia de los flujos migratorios ilegales, el combate al tráfico de fentanilo y de armas, y la creación de un grupo de implementación de alto nivel, encargado de dar seguimiento puntual a los compromisos.
Rubio fue enfático al declarar que ninguna otra nación coopera más con Estados Unidos que México. Subrayó que ambos países han abordado, sin evasivas, temas delicados: desde el envío de drogas hacia el norte, hasta el cruce ilegal de personas y el tráfico de armas hacia el sur.
El acuerdo también establece acciones específicas: mejorar la seguridad fronteriza, eliminar los túneles clandestinos que facilitan el contrabando, rastrear los flujos financieros de los cárteles, evitar el robo de combustibles, fortalecer los procesos judiciales y reducir el tráfico de armas y drogas sintéticas en ambos lados de la frontera. Asimismo, se acordó desplegar campañas conjuntas de prevención y concientización contra el consumo de fentanilo, cuyo impacto social y en la salud pública ha alcanzado dimensiones alarmantes.
El cruce de estos escenarios —el compromiso interno de México y el acuerdo de cooperación con Estados Unidos— muestra que la seguridad se ha convertido en el eje sobre el cual se redefinen las relaciones de poder. México, al asumir un compromiso frontal contra el crimen, reconoce que la amenaza de los cárteles ya no es solo un desafío interno, sino un problema de alcance global. Estados Unidos, por su parte, busca blindar sus fronteras y reducir el flujo de drogas y armas, pero también reafirmar su papel como actor central en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
El reto para México será sostener este esfuerzo monumental en un contexto de polarización política, limitaciones presupuestales y creciente presión internacional. Incrementar policías y ministerios públicos no será suficiente si no se acompaña de procesos de depuración, profesionalización y dignificación de las corporaciones. Del mismo modo, la armonización de leyes locales con la estrategia
federal exigirá voluntad política y capacidad de coordinación, en un país donde los intereses estatales y municipales suelen chocar con los lineamientos centrales.
El acuerdo con Estados Unidos representa tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, ofrece recursos, inteligencia y cooperación imprescindibles para combatir a las organizaciones criminales transnacionales. Por otro, obliga a México a navegar con cautela, para que el respeto a la soberanía y la integridad territorial no se diluyan frente a la asimetría de poder con Washington. Los principios de reciprocidad y responsabilidad compartida deberán traducirse en hechos: reducir el tráfico de armas que cruza desde el norte será tan prioritario como frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la firma del acuerdo bilateral marcan el inicio de una nueva etapa que promete redefinir la política de seguridad en México. El desafío es enorme: enfrentar al crimen organizado con más inteligencia, mejor coordinación y mayores recursos, pero también con un enfoque preventivo que atienda las causas profundas.
