«Tendremos un Registro Nacional de Agua, confiable y transparente, que nos ayude a evitar la corrupción.»
Efraín Morales, director general de CONAGUA
En la antigua Grecia, Tales de Mileto postuló como inicio del pensamiento filosófico que el agua es el principio de todas las cosas; el origen mismo de la vida y la sustancia primordial del universo. Para Heráclito, todo fluye, y el agua es símbolo perfecto del cambio constante. “No podemos bañarnos dos veces en el mismo río”, decía, “porque ni el río ni nosotros somos los mismos”.
En 1992, durante su mandato, Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley de Aguas, lo que convirtió al preciado líquido en una mercancía. Las concesiones fueron entregadas sin control riguroso, como objeto transmisible y vendible entre particulares, lo cual propició prácticas de acaparamiento, desperdicio, uso con fines privados y desconocimiento sobre su explotación real. El resultado fue una profunda desigualdad en el acceso: mientras algunos gozaban de abundancia, otros sobrevivían con escasez, particularmente en el centro y norte del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al afirmar: “El agua no es mercancía, es un derecho humano” y “el agua que no se usa, regresa al Estado”. Estos principios reflejan el núcleo de una transformación orientada a fortalecer la gestión del recurso hídrico, conforme lo establece la Constitución, con el objetivo de redistribuirlo bajo criterios de equidad, sostenibilidad y justicia social.
Efectivamente, la Carta Magna garantiza en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, de forma suficiente y salubre” y en el artículo 27 que “el agua es propiedad de la Nación”. No obstante, estas garantías legales se ven constantemente desafiadas por la sobreexplotación de acuíferos, la distribución inequitativa del recurso y el manejo ineficiente de las concesiones.
Frente a este panorama, y tras 12 años de incumplimiento, el Gobierno Federal ha impulsado una profunda reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas. Ambas surgen de un proceso amplio de consulta con la participación de representantes sociales, ambientales, empresariales y académicos, y buscan ratificar el agua en su carácter de derecho humano y bien común estratégico para la nación, por encima de cualquier interés económico.
Como eje rector se establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua como garante de la vida. Como parte del nuevo ordenamiento de las concesiones, ya no será posible transmitir títulos entre particulares. Toda solicitud de prórroga deberá pasar por un análisis riguroso de la autoridad del agua; se eliminarán los cambios arbitrarios de uso y se creará un nuevo Registro Nacional del Agua que dará certeza jurídica a todos los usuarios.
Se introducen sanciones más severas contra quienes sustraigan agua ilegalmente, perforen pozos sin autorización o reincidan en prácticas ilícitas, incorporando incluso la figura de extinción de dominio. Para combatir el robo del agua y el mercado negro, se crea un nuevo capítulo de delitos hídricos, que contempla diversas penas y multas por la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción en el otorgamiento de títulos y el desvío ilegal de cauces naturales, los cuales serán perseguidos de oficio.
También se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, donde toda el agua que se recupere será reasignada mediante planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, garantizando su abasto en zonas de alta marginación. Para evitar el acaparamiento, se establece que el pago de la cuota de garantía no podrá exceder cinco años. En términos de eficiencia, se fortalece la tecnificación del riego agrícola, los mecanismos para medir el uso del agua y regulaciones específicas sobre la captación pluvial.
El monitoreo en tiempo real de los cuerpos de agua permitirá prever demandas futuras y detectar irregularidades en su uso. Sistemas digitales de denuncia, como la app de Conagua, fomentarán la participación ciudadana en la vigilancia y protección del recurso. La apertura de datos también será clave: la ciudadanía podrá acceder a información sobre concesiones, niveles de acuíferos y empleo del agua, lo que promueve la transparencia y la corresponsabilidad.
Sin agua no hay vida. Que llegue con suficiencia al agricultor que la trabaja, a la industria que la transforma, a las comunidades que la necesitan y a la naturaleza que la sostiene. Gestionarla con visión, equidad y responsabilidad no es solo una tarea del presente, sino un compromiso con el futuro. Los aciertos y omisiones que tengamos hoy en su manejo los heredarán las siguientes generaciones.
Celebramos esta importante iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y hacemos propicio felicitarla en su primer año de Gobierno.
