«La justicia es la base de la sociedad; sin ella, todo se desmorona.»
Aristóteles
La Cámara de Diputados aprobó la creación de una Ley General en materia de Extorsión, un ordenamiento que busca cerrar uno de los vacíos legales más persistentes en el país y unificar las sanciones contra un delito que afecta a todos los niveles sociales y económicos. Con esta reforma, México establece un marco nacional para combatir una práctica que, aunque ampliamente extendida, suele ocultarse en la cifra negra por miedo, desconfianza y la arraigada percepción de impunidad. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, avanzó con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Tras incorporar los ajustes del Senado, fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esta ley define la extorsión como la acción de obligar a otra persona a hacer, dejar de hacer, dar o tolerar algo sin derecho, obteniendo un beneficio propio o para terceros, o provocando un daño patrimonial, físico, moral o psicológico. Por esta conducta, la sanción base será de 15 a 25 años de prisión, una respuesta que busca reflejar la gravedad de un delito que opera muchas veces en silencio. La reforma también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y la operación del Poder Judicial, con el fin de que las autoridades cuenten con herramientas uniformes para investigar y judicializar estos casos.
Uno de los ejes centrales es el aumento de penas según la modalidad utilizada. Cuando la extorsión se comete a través de dispositivos electrónicos, plataformas digitales o comunicaciones por internet, la condena aumentará entre 5 y 12 años. Esta disposición reconoce la expansión de tácticas como llamadas falsas, mensajes intimidatorios o fraudes que se disfrazan de gestiones oficiales o de servicios. También contempla un incremento de entre 7 y 17 años cuando intervienen armas de fuego, instrumentos peligrosos o incluso réplicas, tomando en cuenta el riesgo que esta violencia añadida representa para las víctimas. En situaciones donde el delito afecta de manera directa la economía de una comunidad, como ocurre con el cobro de piso o las exigencias sistemáticas a pequeños comercios, las sanciones igualmente se elevan, admitiendo el impacto colectivo que estas prácticas generan.
La reforma también fija una responsabilidad particular para los servidores públicos. Aquellos encargados de prevenir, investigar o perseguir delitos que incurran en extorsión podrán recibir de 10 a 20 años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente. Con ello se busca inhibir prácticas corruptas que en muchos casos han fortalecido redes delictivas o desalentado la denuncia ciudadana. Las cifras muestran la urgencia de una respuesta coordinada. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, al cierre de 2024, el país acumuló 10,804 víctimas de extorsión. El INEGI estima una tasa de 5,971 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la COPARMEX calcula alrededor de 5,213 para 2023. Aunque difieren, ambas mediciones coinciden en mostrar un fenómeno en expansión. La mayoría de los incidentes, alrededor del 85.6%, se producen mediante llamadas telefónicas, una vía que facilita la intimidación anónima y dificulta la denuncia. La cifra negra, superior al 97%, revela que la extorsión se sostiene no solo por su capacidad de daño, sino también por la vulnerabilidad emocional y económica en la que coloca a las víctimas. Las repercusiones económicas son profundas. Solo en 2023 se calculan pérdidas superiores a 25,964 millones de pesos, y el número de casos relacionados con cobro de piso se duplicó entre 2021 y 2023, un indicador de cómo la extorsión afecta la actividad comercial, presiona a los pequeños negocios y genera un ambiente de inseguridad que inhibe inversiones y frena el desarrollo local.
Con esta nueva ley, el Gobierno federal apuesta por un esquema jurídico que permita actuar de manera más homogénea y efectiva en todo el país. La intención es que las diferencias estatales ya no sean un obstáculo para perseguir un delito que se adapta con rapidez, que opera con múltiples rostros y que ha encontrado terreno fértil en la desconfianza hacia las instituciones. Aunque su eficacia dependerá también de la capacidad de investigación, la coordinación entre
autoridades y el fortalecimiento de las denuncias. El nuevo marco legal marca un paso importante en el intento por contener un fenómeno que durante años ha permanecido en la sombra, golpeando a familias, comerciantes, transportistas y comunidades enteras.