A la memoria de
Rodolfo Tuirán, extraordinario
servidor público.
Si en septiembre celebramos el inicio y consumación de la Independencia, es también una ocasión para reflexionar cómo y qué hemos hecho los mexicanos para elevar los niveles de vida de la población. Además, en este mes el Presidente de la República envía la solicitud de endeudamiento neto al H. Congreso de la Unión. Por ello vale la pena preguntarnos si el incremento de la deuda pública se ha visto correspondida con una disminución de las carencias de la población, a las que en su conjunto podríamos llamar deuda social.
Esta deuda que no la define el marco jurídico, se refiere a lo que los mexicanos le debemos a nuestros connacionales. Esto es, que el Estado, pese haberse endeudado, no ha generado las condiciones propicias para que todos los mexicanos accedan a los servicios de educación y salud, tengan seguridad social, habiten una vivienda digna y decorosa, tengan electricidad, agua y drenaje, y obtengan un ingreso suficiente para consumir las proteínas y calorías requeridas para conducir una vida normal. Lo más cercano a la medición de la deuda social es lo que tenemos en la Ley de Desarrollo Social, la cual obliga al Estado mexicano a medir estas dimensiones. Así es como podemos saber si un(a) mexicano(a) puede ser considerado(a) pobre, y en las comparaciones con años anteriores constatar si hay avances o retrocesos.
Para México la política social enfocada a reducir la pobreza presenta claroscuros. Hay avances, pero sobresalen mucho más los rezagos y los rubros estancados. Mientras que la deuda pública del gobierno federal, sus organismos públicos y empresas productivas de Estado, ha aumentado sustancialmente tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), este incremento no se ha reflejado en mayor crecimiento económico, ni en mayor producción petrolera, ni en reducción drástica en la pobreza.
En 2008, a precios constantes de 2018, el saldo de la deuda bruta del sector público federal ascendió a 4.7 billones de pesos, que equivalía a 26.5% del PIB. Para 2018 este saldo subió a 10.7 billones de pesos, el cual representa un saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero de 51.3% del PIB.
Por el lado de las luces destaca el haber reducido el número de niños que padecen desnutrición crónica. En 1988 había más de un millón de niños menores de 5 años en situación de prevalencia de desnutrición. Esta carencia ha logrado reducirse de forma sostenida: en 2006 eran casi 270 mil niños y en 2016 eran todavía casi 266 mil niños. Aquí el objetivo del Estado mexicano debe ser erradicar en el menor plazo posible la desnutrición crónica. En inglés se le denomina stunting, y se refiere a la atrofia de por vida que causa la desnutrición. Es vergonzoso para un Estado que se dice soberano tener niños con stunting, pues es condenar a una persona a subsistir con menor talla y peso además de disponer capacidades reducidas para aprender disminuyendo su potencial productivo. De las deudas sociales ésta es de las primeras a abatir.
Los avances sólo se observan en aquellos hogares en situación de pobreza extrema. Para el período 2008 a 2018 el número se redujo de 12.3 millones a 9.3 millones de personas. La pobreza moderada sigue aumentando. Para esos mismos años los números son de 37.2 millones y 43.1 millones respectivamente. En breve, si la deuda pública aumenta, la pobreza debería reducir. Esa es la vara con la que hay que medir.
Economista.
@ jchavezpresa
