Resulta lógico que, de todas las decisiones adoptadas por Donald Trump en sus primeros días de gobierno, los mexicanos nos interesamos primordialmente por las que afectan a nuestro país. En las líneas que siguen haré lo que todos: tratar de entender lo que significan las medidas anunciadas por Trump en materia migratoria, de seguridad (cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales: FTO por sus siglas en inglés) y aranceles. Pero este proceder comprensible no debe cegarnos ante una de las características más pronunciadas y graves de Trump 2.0. Se trata, en su conjunto, de uno de los gobiernos más conservadores, o de extrema derecha, que hemos visto en Estados Unidos desde Reagan, y quizás incluso más que él. Estado de derecho, libertades públicas, derechos humanos, políticas públicas de apoyo a minorías secularmente discriminadas, tradiciones humanitarias y jurídicas: este es el Trump más peligroso, salvo para los que concuerdan con esa filosofía.
Escribí aquí hace un par de semanas, cuando ya era evidente la inminencia de la medida, que la clasificación de los cárteles como FTO no constituía la peor de las consecuencias de la llegada de Trump a la Casa Blanca. No encierra connotaciones extraterritoriales explícitas o directas; no faculta al ejecutivo norteamericano para realizar acciones que no efectúa ya; su alcance es principalmente interno, y simbólico. Puede contribuir al ambiente guerrero estadounidense al equiparar a los mexicanos que introducen fentanilo a Estados Unidos con los criminales de al-Qaeda el 11 de septiembre. Hasta allí.
El asunto migratorio es mucho más complejo. Involucra a distintos grupos de personas, que viven situaciones diferentes, y que requieren de respuestas múltiples por parte de las autoridades mexicanas. Por un lado, se encuentran los extranjeros ya presentes en México, o que llegarán en los próximos días, semanas o meses, y que ya solo podrán ingresar a Estados Unidos entre puntos fronterizos y sin papeles. Lo tendrán que hacer esquivando a la migra, pero también a las fuerzas armadas que Trump ya comenzó a desplegar a lo largo de la frontera, y a las autoridades locales que cooperarán con las federales para perseguir a indocumentados.
El gobierno de México deberá decidir si los legaliza o regulariza, si los deporta a sus países de origen, o si los sigue montando al infame carrusel de Francisco Garduño. En el caso de deportaciones, deberá resolver si le exige recursos a Estados Unidos para vuelos, transporte interno, apoyos al llegar a su destino, o sigue siendo muy macho y se niega a recibir fondos norteamericanos directamente (no a través de ACNUR o la OIM).
En el caso de los deportados no-mexicanos que Trump buscará enviar a México -es más barato y expedito que tratar de convencer a Maduro, o a Díaz-Canel, o a Ortega, o a Bukele, que los acepten- México enfrenta otra disyuntiva: recibirlos o rechazarlos. Es altamente probable que al igual que Peña Nieto y López Obrador, Sheinbaum no se halle en situación de negarse a admitirlos. La correlación de fuerzas es aplastante. Aunque Estados Unidos viole el principio fundamental del non-refoulement, y a pesar de que México no tiene ninguna obligación jurídica de aceptarlos, lo vamos a hacer. Se volverá a recurrir al eufemismo de Migration Protection Protocol (MPP) o Remain in Mexico para disimular, con las mismas mentiras de Ebrard y las mismas dizque justificaciones humanitarias de López Obrador, el estatuto de Tercer País Seguro de facto.
La situación de los mexicanos deportados es más sencilla, aunque no menos desgarradora. Huelga decir que serán recibidos, bien tratados por unos, extorsionados y estafados por otros, con familias separadas, con derechos y orgullo violentados en Estados Unidos, y con pocas esperanzas de volver a lo que en muchos casos ha sido su casa hace más de veinte años. Los consulados pueden ayudar en algo, pero al final de cuentas un mexicano sin papeles puede ser deportado sin mayores miramientos y no hay funcionario de protección que lo pueda evitar.
Los aranceles pertenecen aún al ámbito de lo desconocido. Pero sabemos algo. Será el primero de febrero cuando Trump decida si impone un arancel universal a todas las importaciones norteamericanas, un arancel de 10% adicional a los ya existentes a importaciones procedentes de China, y un arancel de 25% a todos o algunos productos exportados por México y Canadá. Dudo que no lo haga: sus amenazas solo son creíbles si algunas de ellas se cumplen. Y son muchas amenazas.
Una de las frases más preocupantes de los pronunciamientos de Trump el lunes radica en la solicitud de un informe, a ser entregado en abril, sobre “la participación de Estados Unidos” en el T-MEC y otros acuerdos comerciales. No tanto porque Washington puede salirse, sino porque ello implica casi seguramente una larga y tortuosa renegociación del tratado. La cual generará incertidumbre y pausa en las inversiones en México, tanto extranjeras como nacionales.
Hay mucho más. La reinterpretación de la Enmienda 14 de la constitución de Estados Unidos basada en el jus soli le restaría la nacionalidad norteamericana a cientos de miles de madres mexicanas que paren allá, sobre todo en la franja fronteriza. La cancelación del humanitarian parole, que a partir de finales de 2022 permitió el ingreso de casi 750 mil cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, los encajona en un limbo jurídico que muy probablemente desemboque en su deportación. Y falta ver si se mantiene el Temporary Protected Status (TPS) para más de un millón de centroamericanos, venezolanos, ucranianos y afganos. En fin, como escribió López Dóriga “¿No que no?”.
Excanciller de México
