En conversaciones entre chismosos profesionales y ociosos como yo, comienza a cundir la sensación de una parálisis del gobierno. Gente más seria, como Luis Rubio, comentó lo mismo en su columna dominical en Reforma. No es sencillo demostrar que efectivamente ese es el caso, sobre todo porque las decisiones que no se toman son por definición difíciles de detectar. Más aún, en un gobierno cada día más caracterizado por el fuego amigo, varias filtraciones sobre cancelación, posposición o cambio de decisiones a propósito de asuntos menores o trascendentes, pueden provenir de un sector del régimen que ataca, critica o presiona a otro. Huelga decir también que algunos de los dilemas en suspenso no dependen exclusivamente del gobierno. No obstante, la sensación se extiende, y la especulación, también, con los riegos evidentes de equivocarse.
Vayamos de lo más importante a lo secundario. Desde el sexenio pasado, especialistas de dentro y fuera han insistido en la necesidad de canjear los bonos u obligaciones de Pemex por papel de Estados Unidos Mexicanos (UMS). La petrolera paga mucho más por el dinero que debe, que lo que le cobran al Estado mexicano por lo que le prestan. Durante el sexenio anterior, se debatió la oportunidad de ahorrarse una buena cantidad de dinero al hacer el canje. Se rumora que todas las definiciones técnicas se encuentran ya resueltas, pero falta la decisión política. No llega.
Algo parecido acontece con las supuestas tensiones entre el Ejército y la Secretaría de Seguridad y su titular. Pueden o no formar parte de dichas tensiones las que ya existían entre García Harfuch y la Jefa de Gobierno de la CDMX y entre García Harfuch y López Obrador. Lo que es evidente es que entre los pleitos por la entrega de instalaciones desmanteladas de la Guardia Nacional en Constituyentes a la SSCP, el congelamiento de las iniciativas de ley de seguridad que no se envían a las cámaras, los enigmas y las sospechas sobre diversos sucesos en la capital, la obvia predilección de Washington por García Harfuch sobre el General Secretario, y las enormes presiones de Trump en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum se ve obligada constantemente a rendir arbitrajes que le cuesta mucho trabajo rendir.
Ni hablemos de las conexiones que establece Gerardo Esquivel en Milenio entre los asesinatos de la Calzada de Tlalpan, la eternización del conflicto con la CNTE, y los extraños y confusos acontecimientos del Foro Alicia, involucrando a la Guardia Nacional y a la Policía capitalina de Pablo Vázquez, protegido de Harfuch. Esquivel sugiere que los tres eventos pueden constituir un intento por moverle piso a Clara Brugada; otra hipótesis consiste en pensar que reflejan la falta de arbitrajes en un pulso creciente entre “diversos grupos políticos internos o externos, u organizaciones.”
Por último, la falta de definiciones en embajadas y consulados de México. Han pasado más de ocho meses y no se ha cambiado a un solo jefe de adscripción en el exterior. Plazas como el Consulado General de México en Nueva York —donde se encuentra, entre otras cosas, el Cuauhtémoc— permanecen acéfalas (aunque según las columnas ya se irá un espléndido funcionario) desde hace ocho meses. Por otra parte, en sedes como Atlanta, el titular lleva diez años adscrito; los titulares en Japón, la India, Nueva Zelanda, Marruecos, Italia, Cuba y Turquía, entre otros países, se hallan ya en el séptimo año en su cargo. El de Toronto lleva ocho. Lo normal en México y en todo el mundo es entre tres y cuatro años.
Se alega que no hay dinero. Sin duda, pero no es el motivo. Nombrar a un cónsul en Nueva York cuesta el boleto de avión del elegido, y en su caso el de la familia. No hay gran menaje de casa que devolver a México o trasladar a otra sede; en la magnifica residencia que compró mi padre hace 45 años, hay muebles, toallas, sábanas, cortinas, vajillas, cristalería, cuadros, tapetes y todo lo necesario. Se dice que esta semana se anunciarán nombramientos (de allí las despedidas en algunas páginas editoriales).
La razón de las demoras es otra: la falta de arbitrajes. Sustituir a Miguel Díaz Reynoso en La Habana implica poner de acuerdo a López Obrador, Lázaro Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, la Presidenta, y quizás hasta el Secretario de Economía. Hasta ahora, imposible. La mejor solución, al igual que en Washington, reside en perpetuar el status quo.
Como dice Luis Rubio, el gobierno no actúa ni se mueve, en estos casos y varios más. Veremos si lo hace para designar —porque de eso se trata— al próximo presidente de la Suprema Corte. Y también si en el frente del norte, se divulgan las decisiones tomadas, o las disyuntivas en suspenso. Seis años son mucho tiempo.
Excanciller de México