En cada país la tensión sobre los primeros cien días de Donald Trump en la presidencia se centra en lo que afecta a sus habitantes, a su economía, a su sociedad. Esto sucede en México, pero también, desde luego, en Ucrania, en Israel, en Gaza, y en cualquier país del mundo. Algunos se sienten más afectados que otros, algunos ponen más atención que otros, pero finalmente el interés se enfoca principalmente en la manera en que a cada quien le va en la feria. Esto ha generado, sin embargo, una paradoja que puede terminar por ser especialmente dañina para muchos países, pero sobre todo para Estados Unidos.
En efecto, donde quizás Trump está llevando a cabo acciones más radicales, extremas, insólitas, y en algunos casos francamente escandalosas, no es en México, o en China, o en Sudáfrica, sino justamente en Estados Unidos. Y, en particular, lo que comienza a ser altamente preocupante radica en su ataque al Poder Judicial norteamericano, y a las instituciones y el imperio de la ley en ese país. Nunca ha sido el Poder Judicial ni el estado de derecho estadounidense lo que los propios norteamericanos han creído. Las lagunas, las debilidades, las contradicciones, las aberraciones que se remontan a mediados del siglo XIX siempre han estado presentes y la realidad nunca ha correspondido perfectamente a la idea que se hacen los estadounidenses de este aspecto de su vida institucional. Pero algo de independencia del Poder Judicial sí existía; algo de respeto por las decisiones de jueces sí se mantenía; algo de debido proceso y respeto por el imperio de la ley subsistió a lo largo de los ya casi 250 años de vida de la Unión Americana. Esto empieza a cambiar.
Trump ha tomado una serie de decisiones en cuanto al despido de empleados federales, en cuanto a las deportaciones, en cuanto al cierre de dependencias enteras del Poder Ejecutivo o de entes autónomos, de verdadera impunidad. Los casos más sonados son bien conocidos: la orden de un juez de que los vuelos de Texas a El Salvador cargados de supuestos terroristas o criminales venezolanos debían volver a Estados Unidos simplemente no fue cumplida por el Poder Ejecutivo. La deportación de un activista propalestino en la Universidad de Columbia, que tenía ya su residencia permanente, también sucedió sin ninguna audiencia ante un juez, o de migración o penal. Lo mismo con la deportación de una profesora de nefrología de la Universidad de Brown. O también la manera en que fueron despedidos los empleados y fue cerrada por orden ejecutiva el Instituto de la Paz de Estados Unidos, una institución de casi medio siglo de existencia.
Todo esto ha generado un debate en Estados Unidos, que no ha terminado, que probablemente llegará hasta la Suprema Corte, y del cual dependerá en buena medida el futuro de la democracia en Estados Unidos. Básicamente la tesis de Trump consiste en afirmar que el Poder Ejecutivo puede hacer absolutamente todo lo que le pegue su regalada gana, independientemente de lo que diga o vote el Congreso, o de lo que resuelva el Poder Judicial. Como dijo el vicepresidente Vance hace unos días: “Es inconcebible que un juez de un distrito de un estado pueda ir en contra de lo que decidieron más de 90 millones de norteamericanos que votaron por Trump”. Esta tesis posee una larga tradición en Estados Unidos y hasta cierto punto fue formulada con mayor claridad por Richard Nixon, ya después de haber abandonado la Casa Blanca, en una entrevista con David Frost: “Si lo hace el presidente, es legal”. Estados Unidos se acerca a una verdadera crisis de derechos humanos en su propio país.
Ya no se trata de discusiones sobre si Washington siempre ha adoptado una postura hipócrita en materia de derechos humanos en América Latina, en África, en Europa del Este, o donde se quiera; ahora el tema es la situación interna dentro de ese mismo país. Cada día habrá más excesos, más abusos, más acciones temerarias por parte de la administración Trump para ver hasta dónde puede llegar en cuanto a no aceptar las órdenes judiciales de jueces de diverso nivel e incluso, en su caso, de la Suprema Corte. El hecho de que él haya nombrado a tres de los actuales nueve ministros le da cierta confianza de que pueda siempre ganar cuando lleguen los casos a la instancia máxima, pero ya vimos cómo en estos días el presidente de la Corte, John Roberts, hizo una declaración sorprendente intentando enmendarle la plana al propio Trump.
Se entiende que nos preocupe más a los mexicanos el tema de los aranceles, del destructor en el Golfo de México-América, los drones, los sobrevuelos de la CIA, las deportaciones y todo lo demás. Pero a la larga, quizás el mayor reto que representa Trump para el mundo entero es lo que está realizando en su propio país y no tanto sus abusos con otras naciones.
Excanciller de México
