Nos hemos convertido en un país donde la vida no vale nada. Inclusive al estilo de José Alfredo Jiménez esto sería considerado una “realidad siniestra” con la que nos topamos día con día. Una realidad que hemos normalizado a tal grado que las autoridades y hasta nuestro propio Presidente de México ya ni siquiera nombran y, cuando lo hacen, parece que el discurso torna a que ellos son la víctima.
Es aquí donde miles de madres que ante la ineficiencia y desinterés de los gobernantes locales y federales han tenido que convertirse en “investigadoras privadas” como lo mencionó Cecilia Flores porque “antes no sabíamos nada, pero ahora hemos aprendido y somos más eficientes que las propias autoridades”.
Esto sucede en México con las personas desaparecidas; donde madres, hermanas y esposas son las que recorren el país buscando en la tierra a los suyos, porque no hay institución que lo haga. Y por sorprendente que esto sea, su ayuda más grande se resume en ofrecer picos y palas de búsqueda, además de la clásica foto para campañas políticas.
Por ello es que cada día aparecen más fosas clandestinas, en las cuales tenemos cuerpos sin identificar. De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejando Encinas, hay 32 mil cuerpos sin identificación en servicios forenses y fosas clandestinas, pero se habla que esa cifra podría ser aún mayor, oscilando entre los 52 mil.
Y aunque sin duda, no tenemos la tecnología ni a las personas expertas para identificar a las personas en un periodo rápido y eficaz, tampoco se puede avanzar mucho porque en México no existe un banco de ADN para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por otro lado, en días pasados el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU presentó su informe tras la visita realizada en noviembre de 2021 a nuestro país. En esta reunión se habló de 95 mil personas desaparecidas, la mayoría en los últimos 15 años, aunque después de esa fecha se reportaron 3 mil más. Pero aquí lo verdaderamente horrorizante es que este cálculo permitió sacar la siguiente estadística: pues a partir del 2016, se reportó que cada año desaparecen 8 mil personas en México, aproximadamente.
Este informe reveló que en su mayoría han sido hombres, entre los 15 y los 40 años de edad, los que han desaparecido. Sin embargo, la desaparición de mujeres, niñas y niños aumentó a partir de la pandemia por COVID-19. Destacó también que la mayoría de las desapariciones fueron por el crimen organizado, muchas otras sucedieron por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Ante esto, el Comité emitió 85 recomendaciones al Estado Mexicano para poder prevenir y erradicar la desaparición forzada, entre ellas las siguientes:
1. Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación.
2. Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.
3. Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada.
4. Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio.
5. Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data.
6. Atender la crisis forense
7. Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial.
8. Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección.
9. Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones.
10. Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones.
11. Y por supuesto terminar con la militarización del país.
Además, el Comité mostró preocupación por los homicidios contra activistas y defensores de derechos humanos.
Entonces después de toda está información, ¿cuál ha sido la respuesta de nuestras autoridades? Me temo que ha sido la invisibilidad del problema. Nuestro presidente está empeñado en afirmar que el Comité no sabe y no investiga, incluso declaró que ya no hay corrupción ni desapariciones en México. Ante esto, las madres de las y los desaparecidos fueron hasta la puerta de Palacio Nacional a exigir respuesta de lo dicho y, por supuesto, no fueron recibidas.
Así que no existe un plan de búsqueda o prevención, no existe tampoco un presupuesto para esta problemática. Por ende, no existe un interés por resolver. Lo mismo sucede con las autoridades locales.
Hoy son casi 100 mil familias las que están buscando a un ser querido en territorio mexicano, obviamente con muchos factores en contra y sin ningún apoyo institucional. Van con un dolor inmenso, quizá el motor, para dejar a un lado el miedo por las amenazas que reciben debido a la búsqueda.
Y respecto a conseguir justicia mejor ni lo tocamos, porque estas familias ya solo buscan encontrar a su ser querido para poder enterrarlo de forma digna. Con ello, conseguir un poco de paz.
A ellas y ellos ya no les importa saber quién o quiénes lo hicieron. Aunque sí es importante mencionar que buscan lograr que nadie más pase por su situación. Que se lleven a cabo acciones reparatorias y no de repetición. Pues en México el 98% de los delitos quedan impunes y al mismo aparato gubernamental no le importa que el país se haya convertido en una fosa clandestina.
En conclusión, no nos queda más que apoyar con lo poco que podamos, compartiendo las fotos de las personas desaparecidas, amplificando el mensaje de las buscadoras, exigiendo a los diferentes órdenes de gobierno que se pongan a trabajar. No nos queda más que sentir como se nos rompe un poco más el corazón con cada imagen que compartimos y, pensar que si no empezamos a reconstruir nuestro país, algún día seremos tú y yo a quienes busquen.
Sobre la autora:
Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, Organización Comunitaria y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la directora general de la Fundación Reintegra, que trabaja desde hace más de 38 años a favor de la justicia social a través de la prevención del delito. Tiene como misión cambiar historias de vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias que viven en entornos de violencia y delincuencia, a través de programas preventivos y de reinserción social, para que puedan construir un proyecto de vida positivo convirtiéndose en Agentes de Paz. Juntos aportan a la construcción de una cultura de legalidad y paz para nuestro país.
Acerca de Fundación Reintegra:
Fundación Reintegra es una organización que trabaja desde hace más de 38 años a favor de la justicia social a través de la prevención del delito. Tiene como misión cambiar historias de vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias que viven en entornos de violencia y delincuencia, a través de programas preventivos y de reinserción social, para que puedan construir un proyecto de vida positivo convirtiéndose en Agentes de Paz. Juntos aportan a la construcción de una cultura de legalidad y paz para nuestro país.
