México tiene grandes problemas. Podemos hablar de corrupción, del alto índice de homicidios casi 100 al día, 11 feminicidios al día, 100,000 personas desaparecidas.
La delincuencia le cuesta a nuestro país, según el Índice de Paz México 2021, 4.71 billones de pesos, lo que equivale al 22.5% de su PIB; podemos seguir tristemente con un larguísimo etcétera. Sin embargo, la raíz de casi todos nuestros problemas es la misma: la impunidad.
La impunidad es la falta de cumplimiento, y en su caso de sanciones, a las reglas, normas o leyes que imperan en un país. Y es que, para lograr una convivencia pacífica, todo grupo de personas requiere normas de conducta: las familias, los grupos de amigos, las comunidades, los equipos y torneos deportivos y, por supuesto, las naciones no son la excepción. Pero estas normas deben venir acompañadas de las consecuencias respectivas en el caso de que no se respeten o cumplan. ¿Qué pasa cuando se incumple la norma y no se ejerce la sanción?
Por poner un ejemplo muy sencillo, en el salón de clases la norma es que no se puede copiar en los exámenes, quien copie en el examen sacará cero de calificación, ¿Qué pasa si un alumno copia, el maestro lo descubre y no aplica la sanción, por el contrario, aprueba el examen? ¿Qué pasará si esta conducta se repite reiteradamente entre los estudiantes y el maestro? La respuesta es sencilla, cada vez más estudiantes copiarán y los que no lo hagan se sentirán frustrados de estar cumpliendo una norma que nadie más respeta.
¿Qué pasaría si fuera el mismísimo director el que siempre estuviera rompiendo las reglas y animando a los alumnos a que no las sigan? Los más pequeños aprenderían, de esa figura de autoridad, que las normas se rompen sin ninguna consecuencia y eventualmente, incluso y más grave, que sólo los menos listos cumplen con las normas. El mensaje es devastador.
Esto sucede todos los días en nuestro país desde las diferentes esferas de “poder”. Tenemos madres y padres de familia poniendo reglas y amenazando con consecuencias que nunca cumplen, padres y madres de familia violando las normas en frente de sus hijas e hijos y en muchos casos aplaudiéndose por hacerlo. Jactándose de pagar menos impuestos, quedarse con el cambio, comprar piratería, pasarse el semáforo, meterse en la fila, usar diablitos para pagar menos luz o darle mordida a un policía, entre muchas otras acciones. Y rara vez suele haber una consecuencia, por el contrario, pareciera que el llevar a cabo estas conductas lleva aparejado un premio, ahorro de dinero, ganarle al sistema, evitar un trámite, llegar más rápido y la lista continúa. Recordemos, las hijas y los hijos observan y aprenden.
Esta misma conducta la vemos reflejada en maestros, jefes, policías, servidores públicos, legisladores y por supuesto el presidente. ¿Cómo podemos pensar que nuestras niñas y niños van a aprender a respetar las normas de conducta si en casa no se hace y en la calle y la vida pública mucho menos? Cuando la máxima autoridad en nuestro país dice frases como “No me vengan a decir que la ley es la ley”.
Este es el drama que vive nuestro país, un país donde según un estudio de la Organización México Evalúa; el 94.8% de los delitos quedan impunes, no se llega a sentencia, acuerdo reparatorio, en muchos casos ni siquiera a juicio y estos son los delitos que son denunciados. Ahora pensemos en todos los delitos que no se denuncian y no se investigan.
Las personas que cometen delitos en nuestro país saben que sólo existe un 5.2% de posibilidades de que sean detenidos, juzgados y sentenciados por la comisión de un delito, el incentivo es totalmente el opuesto.
Y por eso decimos que, cuando los legisladores se ponen creativos con el aumento de penas en el Código Penal, es meramente populismo punitivo; quieren hacer pensar a la población que están haciendo su trabajo y que habrá más seguridad porque la gente ira más tiempo a la cárcel, esto es una total falacia. Primero, porque es casi imposible lograr que el sistema funcione para la detención de un probable responsable, que se lleve a cabo la investigación, que se judicialice y que se logre la sentencia. Ya lo vimos, esto sólo sucede en el 5.2% de los casos y en la gran mayoría se trata de inocentes pagando por otros que se escaparon. Segundo, porque la cárcel genera más violencia y más inseguridad.
Vivimos en un país donde la impunidad se ve, se vive y se respira todos los días desde los actos más comunes hasta las acciones de los líderes que debieran ser nuestro ejemplo de cumplimiento del Estado de Derecho. Nuestras niñas y niños aprenden desde pequeños cómo darle la vuelta a la ley y creen que eso los hace ser listos, que la ley y la norma está para romperse. Lo ven con sus padres y madres, con sus maestros, con los policías. Pero, sobre todo, lo vemos con las autoridades y cuando estas han perdido la brújula es muy difícil recuperar el Estado de Derecho, la seguridad y la Justicia.
Tenemos un Fiscal General de la República que, con ayuda de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fue capaz de encarcelar a una mujer por un delito fabricado. Y de este nos hemos enterado gracias a los medios, pero ¿en cuántos otros casos personales han hecho lo mismo el Fiscal sin que la sociedad lo sepa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo conocimiento y decretó la liberación de Alejandra Cuevas, sin embargo, el Fiscal sigue siendo Fiscal, con total impunidad. El hombre encargado de ejercer justicia en nuestro país incumple la ley sin consecuencia alguna.
Todos los días vemos escenas de agresiones a policías y miembros de las fuerzas armadas, donde no se genera ninguna consecuencia o sanción. También vemos violaciones a los Derechos Humanos por parte de estos mismos organismos sin ningún tipo de repercusión.
A diario escuchamos al presidente desde su tribuna mañanera, justificando a quienes se unen al crimen organizado, justificando a funcionarios que se ha demostrado que han violado las leyes, defendiendo la comisión de varios delitos y sobre todo planteando la ley a su conveniencia.
En un país donde el 94.8% de los delitos quedan impunes, uno esperaría que las autoridades fueran las primeras en cumplir la ley, en hacer su trabajo para que aquellos que no la cumplan tengan las sanciones correspondientes. Sin embargo, tristemente aquellos que tienen la obligación de hacer cumplir la ley, el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, la fiscalía general y las diversas fiscalías, y a partir de ellos los servidores que de ellos dependen, son los últimos en llevar a cabo su trabajo.
Mientras haya impunidad, no habrá combate a la corrupción, mientras haya impunidad no habrá seguridad y mientras haya impunidad no habrá justicia. Si no nos responsabilizamos cada quien, desde sus conductas para erradicar la impunidad, pero sobre todo si no exigimos a las autoridades que apliquen la ley y terminen con la impunidad, seguiremos viviendo en un Estado fallido. Nos queda poco tiempo, cada día permea más el mensaje de “no me vengan a decir que la ley es la ley” estamos perdiendo exponencialmente a nuestro país.
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