Con la salud no se juega. Quien lo hace como individuo puede poner en riesgo su vida, pero quien lo hace desde una institución o un gobierno responsable de cuidar la salud de una sociedad incurre en graves faltas al violar derechos humanos fundamentales establecidos expresamente en nuestras normas jurídicas, tal como lo estamos viendo con el gobierno de López Obrador especialmente en los últimos días en los que se ha agudizado el desabasto de medicamentos y la falta de atención oportuna y eficaz a la población, lo cual parece estar cobrando las primeras víctimas fatales.
Al desmantelar el Seguro Popular y sustituirlo por el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) a partir del 1º de enero con el argumento de “acabar con la corrupción de los gobiernos anteriores” y en aras del “principio de austeridad republicana”, la mayoría de los 60 millones que no estaban adscritos a ninguna institución de salud pública (IMSS, ISSSTE y varios más federales o estatales) y que recibían la atención en el anterior Seguro Popular con mínimas cuotas de inscripción, de repente ya no tenían esos derechos y, además, para recibir atención por enfermedades de mayor riesgo, tenían que pagar para ser atendidos y adquirir los medicamentos que antes recibían sin costo alguno, o simplemente fueron informados de que no tenían en existencia las medicinas para la atención de cáncer, VIH y diabetes.
El Presidente de la República ha reaccionado diciendo que es falso que haya desabasto, que a los niños con cáncer, a los pacientes con VIH o a los demandantes de hemodiálisis (por graves padecimientos renales) se les está atendiendo sin problemas, que hay un boicot de los monopolios farmacéuticos que han dejado de surtir oportunamente ciertos productos y que todo está bajo control.
Sin embargo, la realidad nos dice que hay gente que ya se está muriendo y que muchas personas más podrían perder la vida en las próximas semanas, niños con cáncer, entre ellos (aunque el Secretario de Salud dice que en marzo ya no habrá problemas y que estos enfermos pueden esperar).
Ya han señalado muchos especialistas conocedores del tema que el nuevo Insabi entró en funcionamiento sin reglas de operación, sin presupuestos claros, sin criterios explícitos para la población y sin abasto suficiente de medicamentos. Se desmanteló el Seguro Popular que brindaba servicios de salud a muy bajos costos hasta el tercer nivel a la población más necesitada y se sustituyó por otro que solo genera incertidumbre y pone irresponsablemente en riesgo la salud y la vida de este amplísimo sector de nuestro México.
Todo lo concentra el Presidente en aras de “acabar con la corrupción”. Exige a los gobernadores que firmen su adhesión al Insabi pero les niega recursos para operar los servicios estatales de salud bajo el argumento de que se robaban el dinero. El resultado es que hoy las cosas están peor para la gente que acude a las clínicas y centros hospitalarios.
El director del Insabi, un arqueólogo tabasqueño con nula experiencia en el ramo de la salud, argumenta torpemente que “la mayoría de los servicios estaban subrogados para beneficiar a empresas privadas”, por lo que “la solución” fue cancelar esos servicios y sustituirlos por nada.
Esa es la lógica de esta mal llamada “austeridad republicana” que destruye todo lo anterior, que en algo le servía a la gente, para sustituirlo por nada que, obviamente, en nada ayuda a quienes más lo necesitan. Una austeridad que mata. Un “austericidio”, han denominado algunos.
Es una irresponsabilidad criminal. Hay que detenerla con la denuncia pública de los medios y de la sociedad, así como con acciones legales para castigar a los responsables.
Urge poner un freno a esta demencial locura de la autodenominada 4T, misma que empieza a tener consecuencias fatales. Mirando hacia las elecciones federales del 2021 es necesario hacer un frente común para cambiar la correlación de fuerzas en favor de una visión progresista y democrática.
Exdiputado federal
