El mundo al revés parece haberse instalado en México. Por una parte, la delincuencia desbocada con cifras ascendentes de muertes violentas en apenas 3 años de gobierno obradorista y, por otra parte, la inteligencia de nuestro país, los investigadores y científicos, descalificados, despreciados y hasta perseguidos judicialmente.
Este es el mundo real de la llamada “Cuarta Transformación”, aunque el discurso oficial en las misas mañaneras dice que vamos por el camino correcto, resolviendo los problemas heredados y que debe profundizarse el sentido de esta conversión para que “se torne irreversible”.
Desde el inicio de la actual administración hasta la fecha, las fiscalías estatales y federal han registrado más de cien mil homicidios dolosos en México. El promedio diario es de 97.8 crímenes (4 cada hora); y de seguir esta dinámica, AMLO terminará su sexenio con más de 208 mil homicidios dolosos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 121 mil mientras que en el gobierno de Peña Nieto fueron 155 mil. Por ende, el de López Obrador terminará superando al de sus tan criticados antecesores, convirtiéndose en el más violento de la historia y exhibiendo que la estrategia de los “abrazos, no balazos” contra la delincuencia y el crimen organizados, es un rotundo fracaso, una soberana tontería con consecuencias fatales dignas de un juicio criminal.
Durante los dos primeros años de este gobierno, la tasa de homicidios fue de 29 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los sexenios de Calderón y Peña, y hasta del de Díaz Ordaz.
No basta con que se nos diga que “se detuvo la tendencia ascendente de homicidios”, porque lo que se requiere es que haya una propensión a la baja, especialmente en los feminicidios que han tenido un incremento del 13 por ciento.
El problema se agrava al grado de convertirse en un asunto de seguridad nacional cuando el gobierno de la República decide incorporar al crimen organizado al juego electoral en apoyo de los candidatos de Morena para ganar gobiernos estatales, como sucedió en Michoacán y en varios estados más.
Ingenua y estúpidamente creen que al consentir a los grupos delictivos y, peor aún, aliarse con ellos, los van a controlar y estarán a su servicio. La lógica de la actuación de crimen organizado es exactamente lo contrario: Son ellos quienes terminan controlando a las instituciones del Estado, dominando cada día más territorios, y convirtiendo al país en un Estado fallido, un Narco-Estado.
En la otra cara de la moneda, la estrategia gubernamental se enfoca hoy en descalificar, denostar y perseguir a los medios de comunicación y periodistas críticos, así como a los opositores políticos al grado de encarcelarlos, como al Diputado Federal del PRD, Rogelio Franco.
Pero no ha sido suficiente este ataque hacia la intelectualidad mexicana, ya que -en los últimos días- estamos viendo algo inaudito: la persecución policíaca contra investigadores y científicos adscritos al CONACYT, con órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República.
¿Cuál es su “delito”? Haber criticado la indebida inclusión del Fiscal Alejandro Gertz Manero -amigo del Presidente- al Sistema Nacional de Investigadores.
Pero no es meramente un asunto personal de Gertz Manero, sino consecuencia de una estrategia presidencial contra la comunidad científica del país, a la que se califica como “burguesa” y parte de “los neoliberales”.
Ese ha sido el discurso de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buylla quien, de esta manera, mantiene su posición de privilegio frente al Presidente ya que -en lo que va del actual gobierno- el presupuesto y apoyo a proyectos de investigación cayó 56 por ciento (más de la mitad respecto al sexenio anterior) pues mientras que al inicio de esta administración fueron apoyados mil 734 proyectos de investigación, en 2021 solo hay 108.
El desprecio a la ciencia y a la investigación científica (cuando más se necesita por la pandemia del COVID), es evidente. Por eso se ha despedido a 44 académicos de Programa Cátedras del CONACYT y solo se han contratado a 7 nuevos elementos; en tanto que el presupuesto para 2022 contempla una reducción del 11 por ciento.
¡El colmo es este condenable proceso judicial contra 31 científicos acusados de delincuencia organizada! ¿Qué pasa en la cabeza del Presidente? ¿A dónde está llevando al país? Cada uno debemos contribuir a detener esta degeneración de la vida nacional.
Presidente Nacional del PRD
