México será distinto después del gobierno de López Obrador. La destrucción o afectación institucional ha sido tan profunda que sería erróneo e ingenuo pensar que algo regresará a ser como antes. Corresponde entonces imaginar y plantear qué país desean los mexicanos a partir del 2024. Quizá el sentir más arraigado entre los mexicanos ha sido el rechazo a la concentración de poder, primero durante décadas en la persona del Presidente de la República, y después en los partidos políticos. Ese rechazo explica en lo esencial el triunfo de AMLO y, en especial, la gestación de un Congreso con mayoría en ámbas Cámaras.
La sorpresa ha sido que en vez de un mejor balance de poder entre Ejecutivo y Congreso, este último fue orillado a subordinarse al Presidente de la República. El rechazo a la concentración de poder llevó a una mayor concentración de poder. Sin embargo, el desempeño del Congreso durante la 4T reveló su pluralidad y vitalidad, atributos valiosos para la democracia, y también su disfuncionalidad para las tareas de legislar.
¿Cómo poner límites al excesivo poder concentrado por el Presidente? Con una división de poderes efectiva y funcional. Con un Congreso capaz de decirle no al Ejecutivo y de participar activamente en la formulación y vigilancia de las políticas públicas, del propio gobierno, y garante del bienestar de los mexicanos. Un legislativo más fuerte y autónomo coadyuvaría también a la consolidación de la independencia del Poder Judicial.
La elección de 2024 presenta una oportunidad para orientar el país hacia una nueva relación del Ejecutivo con el Legislativo, en una organización política más parlamentaria y menos presidencialista. Algo distinto, incluyente y democrático, construido a partir del actuar disruptivo y disfuncional del Congreso actual. Eso implica concentrar esfuerzos en la integración de un cuerpo de legisladores más capacitados, sin que perdieran representatividad. Se requiere de una estrategia que permita transitar de la situación de hoy, de hiperconcentración del poder en una sola persona, hacia un cuerpo colegiado e incluyente. A partir de esa “visión”, debidamente sometida a la sanción del electorado, podría impulsarse un verdadero cambio de la arquitectura política institucional del país. Más espacio para la labor del Congreso y procedimientos conducentes a la conformación de mayorías más estables.
Es tiempo de impulsar la reflexión del país sobre este aspecto crítico y esencial, de detonar un proceso que determine los costos y beneficios de otras opciones constitucionales. Hay que acordar desde ahora ese México al que aspiramos, y concretar la alianza política que permita volverlo realidad.
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