La célebre asociación rusa Memorial, fundada en 1989 por el gran Andréi Sakharov, especializada en la investigación y documentación de los crímenes perpetrados en la época de Stalin y, además, en la defensa de los derechos humanos, está amenazada de desaparición por el aparato judicial del Estado ruso. Ha realizado un trabajo ejemplar y continuo como se puede ver y escuchar en el documental de Ludmila Gordon, “El Derecho a la Memoria” (Pravo na Pamiat), en the righttomemoryfilm.com, entrevista a Arseny Roginsky, director de Memorial (1998-2017), un hombre nacido en el Gulag en 1947, cuyo padre, arrestado en 1938, murió en la cárcel en 1951, antes de ser rehabilitado en 1955. Él pasó cinco años en diversos campos del Gulag por sus publicaciones clandestinas sobre el terror estaliniano.
En 2009, la Eurocámara entregó a la ONG Memorial el premio Andréi Sakharov a la libertad de conciencia. El primer galardonado había sido Nelson Mandela en 1988. Tres meses antes de la premiación, asesinaron a la representante de Memorial en Chechenia, Natalia Estimirova. En aquel entonces, Roginsky declaró que “Memorial lucha por un diálogo directo y sincero sobre el pasado, pero muchos no quieren este diálogo porque consideran que ensucia nuestra historia… En última instancia, Memorial aspira a conseguir que Rusia se convierta en un país democrático, ladrillo a ladrillo, nuestra tarea es eterna”. Ya había publicado en internet una lista de 2.5 millones de víctimas del terror y 40 mil nombres de verdugos.
A cuatro años de su muerte, la tarea sigue, pero desde 2012 en condiciones cada vez más difíciles, porque en su labor Memorial molesta al Gran Poder. No es que el presidente Vladimir Putin niegue la existencia de las víctimas y sus sufrimientos, pero no admite que se busque responsables más allá de una generalidad metafísica: el Mal. Le toca al Estado decir lo que pasó. Lo que molesta también, posiblemente aún más, es la defensa de los derechos humanos realizada por la organización en las zonas de guerra de la ex Unión Soviética: Chechenia, Georgia, Ucrania oriental (Donetzk y Luhansk). Memorial apoyó 1,500 casos en el tribunal de los derechos humanos en Estrasburgo; eso es imperdonable.
El Estado forjó en 2012 el instrumento para controlar o acabar con las ONG: es la ley que permite calificar de “agentes del extranjero”, fórmula que para el ruso suena como “espías”, las organizaciones que reciben dinero del extranjero. Con tal membrete, Memorial debe justificar hasta el último centavo y pasar por un sinfín de triquiñuelas burocráticas. Cada semana el Ministerio de Justicia publica la lista de las ONG y las controla. Atosigada, Memorial sobrevive a duras penas después de pagar multas millonarias, sufrir perquisiciones, secuestro de computadoras y archivos, arresto, encarcelamiento, incluso asesinato de su gente. Sin embargo, sigue luchando.
¿Hasta cuándo? El 25 de noviembre, un tribunal de Moscú debe decidir si acepta la acusación de “actividades terroristas”, presentada por el Ministerio contra Memorial. ¿Cuáles? Publicó una lista de 419 “presos políticos”, en su gran mayoría miembros de grupos religiosos prohibidos, como los testigos de Jehová. ¿Dónde está la libertad de conciencia proclamada por la Constitución y la ley? Además, la Suprema Corte de Rusia va a decidir si Memorial viola o no la ley de 2012. Esa Corte ha rechazado en 2015 la demanda del Ministerio de Justicia para clausurar la organización. ¿Mantendrá su postura?
Memorial defiende a los muertos, víctimas de la represión histórica, y a las vivas víctimas del presente. El Estado quiere controlar la narrativa del pasado y no tolera que le saquen sus trapos sucios: eso es traición, que sólo pueden hacer los “agentes del extranjero”. La persecución judicial se inscribe en un contexto de represión intensificada que pone bozal a la prensa, a cualquier oposición y a las ONG que defienden la sociedad civil.
